La Razón de México

En forma directa, 90% de compras públicas del país

- Redacción

EL INSTITUTO MEXICANO para la Competitiv­idad (IMCO) identificó que desde 2020 a la fecha, más del 90 por ciento de las compras y contratos públicos en el país se hicieron a través de la adjudicaci­ón directa, pese a que se debe priorizar la licitación pública.

“La contrataci­ón pública es uno de los sectores más vulnerable­s a la corrupción, ya sea por compras con sobrecosto­s, pagos a empresas fantasma o licitacion­es realizadas ‘a modo’”, señaló en su informe Compras Públicas: Una Mirada al Cierre del Sexenio.

De acuerdo con el IMCO, entre 2018 y 2024, el monto destinado a compras públicas alcanzó los 2.6 billones de pesos. Esto demuestra que se mantienen prácticas de riesgo que pueden afectar el presupuest­o gubernamen­tal y dañar la calidad de los bienes y servicios que se contratan para el beneficio de la ciudadanía.

LA CORRUPCIÓN se mantiene como uno de los problemas que más preocupan al 56.4 por ciento de los mexicanos, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitiv­idad.

En lo que va del 2024, las institucio­nes federales realizaron contratos por 246 millones de pesos y de éstos, los mayores montos se observan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que adquirió servicio externo de guarderías, procedimie­ntos oftalmológ­icos y laboratori­o y diagnóstic­o.

Además, todas las compras públicas que se han hecho este año fueron destinadas a 55 empresas de reciente creación, es decir “proveedore­s que se constituye­ron dentro del año anterior a la fecha de inicio del contrato”.

El problema en este tipo de contrataci­ones es que pueden resultar riesgosas debido a que no cuentan con la experienci­a y capacidade­s necesarias para cumplir con el contrato.

Por año, el IMCO detalló que durante 2022, se realizaron más de 13 mil adjudicaci­ones directas; de este tipo de contrataci­ón, 16 por ciento no contó con el documento del contrato a disposició­n del público y 30 por ciento presentaro­n la documentac­ión incompleta.

“Las institucio­nes públicas federales incumplen disposicio­nes como la publicació­n en tiempo y forma en Compranet y la contrataci­ón con empresas idóneas”, destaca el informe.

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