Inai reprocha al Senado falta de nombramientos
CUMPLIR CON LA DESIGNACIÓN de integrantes pendientes del pleno del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) no es una opción, sino una obligación del Senado de la República, señaló el comisionado presidente Adrián Alcalá.
“Los senadores no han cumplido con su obligación constitucional; desde mi óptica, no es un tema optativo, se debe de cumplir, porque la Constitución les faculta a ellos para llevar a cabo los nombramientos de los comisionados y las
Domina la guerra de acusaciones
La campaña electoral se pone cada vez más intensa con el panista Renán Barrera y el morenista Joaquín Díaz intercambiando acusaciones, además de que se habló más de las pifias de las candidatas al Senado Kathia Bolio, del PAN, llamando a votar por Claudia Sheinbaum, y Verónica Camino, de Morena, advirtiendo que van a quitar “la basura” que representa el servicio de transporte “Va y Ven”, que luego desmintió haberlo dicho. Barrera, de la alianza PAN-PRI, aseguró que no permitirá la ocurrencia de Morena de eliminar los camiones del “Va y Ven”; por el contrario, dijo, se ampliarán las rutas. Asimismo, se deslindó de la aparición de una bodega llena de despensas con los logos de la alianza en un fraccionamiento en Mérida, lo cual atribuyó a una guerra sucia. El abanderado morenista al gobierno, Joaquín Díaz, reviró que también hay una campaña en su contra. comisionadas que integran el pleno”, enfatizó en una reunión de trabajo con representantes de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD).
Alcalá Méndez dijo que “guste o no” hoy el diseño institucional establece que el pleno del Inai lo conformen siete integrantes, por ello, los senadores deben cumplir con su designación, más aún porque existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se los ordena.
El comisionado presidente dejó claro que “el Inai no es un logro de la clase política o una concesión del poder público, sino una conquista social que surge en 2002”, como parte de la corriente democratizadora en el país, a partir de la cual se empiezan a consolidar los organismos constitucionales autónomos.
“Partiendo de la idea de que el Instituto no es una concesión del poder público, tampoco es válido que hoy se pretenda arrebatar a las personas los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales”, recalcó.