ECUADOR CIMBRA A LATINOAMÉRICA
Hay eventos que deben merecer una condena y un repudio unánimes y sin atenuantes.
De forma reciente, podemos contar la invasión rusa a Ucrania, el ataque terrorista de Hamas en Israel y, apenas la semana pasada, el asalto a la embajada de México en Quito. Se pueden discutir los contextos y antecedentes en los que todas las partes involucradas podrían tener responsabilidades por tales actos; sin embargo, hay límites que bajo ninguna circunstancia deben ser cruzados. De ahí la condena que desde México y la comunidad internacional, por buenas razones, ha merecido el Gobierno ecuatoriano.
El detonante fue el ultimátum que el Gobierno ecuatoriano puso a la embajada mexicana para entregarle a Jorge Glas, expresidente ecuatoriano en dos ocasiones y uno de los referentes más icónicos de la corrupción en el país andino. Los tentáculos del gigante corruptor brasileño, Odebrecht, alcanzaron a Glas, quien fue condenado en 2017 por los sobornos recibidos. Tras habérsele otorgado libertad condicional, fue requerido por la justicia nuevamente a finales de 2023, para rendir cuentas por el uso indebido de los recursos asignados a la reconstrucción de daños causados por el último gran terremoto y, es entonces, que decide buscar refugio, a partir del 17 de diciembre, en la embajada de México.
El gobierno de Daniel Noboa reclamó la entrega de Glas para ser llevado a prisión, ya que, en su lógica y, de acuerdo con el Derecho Internacional, ningún delincuente común, como sería el caso de Glas, puede verse beneficiado por el asilo político, al no poder ser considerado como perseguido político, toda vez que cuenta con una sentencia firme y con pedido de captura por parte de las autoridades jurisdiccionales del país por delitos no clasificados como “políticos”.
No obstante, el Gobierno mexicano decidió otorgarle asilo político a Glas, en ejercicio de la prerrogativa que —aunque parezca arbitraria y discrecional— le otorga el mismo Derecho Internacional, en el sentido de que el país al que se le pide asilo diplomático puede considerar que hay persecución política según sus propios y muy amplios criterios. Aunque Ecuador alegara que México había violado la Convención de Caracas sobre asilo político, lo cierto es que la norma de la costumbre internacional general antes señalada está por encima de lo dispuesto en esa convención.
Éste fue el detonante para que Noboa enviara fuerzas policiacas armadas a invadir —literalmente— la sede diplomática mexicana, violando de manera flagrante la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que dispone la inviolabilidad absoluta (hay que recalcarlo: absoluta) de las representaciones diplomáticas. Incluso, aunque hubiera sido cierta la violación de la convención de Caracas, ello no habría autorizado al Gobierno ecuatoriano, de ninguna manera y por ningún motivo, a hacer lo que hizo. Es una violación gravísima al Derecho Internacional, punto. Invadir una embajada equivale, para todos los efectos, a invadir el territorio de otro país. Es un acto de agresión armada. Por ello, la represalia tomada por el Gobierno mexicano, consistente en el rompimiento de relaciones diplomáticas, es procedente y proporcional al tamaño de la ofensa recibida.
Dicho lo cual, es interesante entender cómo se llegó a este punto de no retorno. Aquí hay que señalar tanto la errática política exterior mexicana como las peculiaridades del mandato de Noboa. Valdrá la pena dedicarle tiempo y espacio suficiente a ese análisis, en otra ocasión, en esta misma columna. En todo caso, lo cierto es que, con las últimas decisiones tomadas por el Gobierno ecuatoriano, la gran crisis política latinoamericana de este momento fue detonada por ese país —que, irónicamente, divide al mundo en dos—.