CIDH revisará si fue crimen de Estado
La mujer indígena murió en 2007 tras ser violada por soldados, pero el delito quedó sin castigo
CDMX. La encontraron moribunda entre los zacatales, tenía 73 años, era nahua y vivía en Tetlatzinga, Veracruz donde nació. Experimentó una violación tumultuaria por parte de un grupo de soldados el 25 de febrero de 2007. Murió la madrugada del día siguiente. Ernestina Ascencio Rosario, sus familiares y su pueblo siguen esperando justicia.
Fue un crimen de Estado, señalan las organizaciones que apoyan a la familia, sobre todo, las hijas, de Ernestina.
En 2012, luego de haberse agotado todos los recursos para obtener justicia en México, se hizo una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que nueve años después, el viernes 4 de diciembre, realizará una audiencia pública del caso.
Las organizaciones peticionarias explicaron que esa audiencia es fundamental porque la CIDH irá al fondo de la investigación, una cuestión de la mayor importancia. La audiencia será a distancia, pero estarán ahí representantes del gobierno de México, de las organizaciones que apoyan a la familia en el caso e integrantes de esa comisión, que es parte de la Organización de Estados Americanos.
Es el camino, señalan las organizaciones sociales, para determinar la responsabilidad del Estado Mexicano por impericia, impunidad y encubrimiento.
La CIDH tardó cinco años en el examen de la petición. Ya pasaron 13 años desde la violación de Ernestina.
A las dos semanas del crimen se cerró el caso, y al día de hoy, el expediente de las pruebas periciales está incompleto porque fueron borrados los nombres de los responsables de la investigación y por el desistimiento y la decisión política de encubrir a los ejecutores de la violación y asesinato, señalan las defensoras de Ernestina Ascencio Rosario .
“Hoy, por fin, se abre una rendija para juzgar al Estado Mexicano”, sostienen.
Acusan que la causa penal se archivó por decisión del gobierno de Veracruz con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las periciales, hasta ahora son conocidas parcialmente, años después, gracias a la intervención de la Suprema Corte de Justicia.
Se ha sostenido que se trató de un encubrimiento para dejar impolutos a integrantes del Ejército y la imagen del mismo. El 9 de marzo de 2007, el presidente Felipe Calderón Hinojoza, sentenció que Ernestina “murió de gastritis”.
La petición a la CIDH data de 2012. En 2014 se retomó el análisis del asunto, y finalmente en 2017 lo admitió a examen, gracias a quienes insistieron, tras ires y venires para que se haga justicia. Aquel día, a 100 metros de su casa, Ascencio Rosario se hallaba pastoreando ovejas; a 300 metros había un campamento del 63 batallón de Infantería de la zona militar de El Lencero. Ella murió a las 6:30 horas del día siguiente debido al ataque sexual.
La CIDH aceptó la audiencia pública gracias a la tenacidad de las organizaciones demandantes como: Abogados y Abogadas para la Justicia y los Derechos Humanos, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara AC, la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) y la casa Kalli Luz Marina. Sus hijas desistieron.
Ernestina permaneció desahuciada, por espacio de trece horas, hasta que falleció a las 6:30 de la mañana del 26 de febrero de 2007 en el Hospital Regional de Rio Blanco