Reformar para avanzar en la seguridad y soberanía energética
Mañana, en la Cámara de D mesa de diálogo, relativa a las implicaciones de la propuesta de modificación a la Ley de Hidrocarburos. Participarán especialistas propuestos por todos los grupos parlamentarios que integran la Comisión de Energía; será un inter
reforma, no se altera el orden constitucional ni se violan los derechos de ningún permisionario, únicamente se establece el andamiaje jurídico que permitirá al gobierno actuar dentro de un marco legal. Incluso está en sintonía con los tratados internacionales. Recordemos que en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el capítulo 8 dispone el pleno respeto a la soberanía de México sobre el petróleo y los demás hidrocarburos, mediante el reconocimiento de su propiedad directa, inalienable e imprescriptible sobre dichos recursos.
Con enorme gusto apoyaremos todas las reformas legislativas que permitan a México transitar a una soberanía energética, donde predomine el interés nacional sobre los intereses comerciales de un pequeño grupo de personas.
Si queremos desarrollarnos como país, debemos garantizar suficiencia energética para todas las acciones productivas, pero también para que la energía llegue hasta los últimos rincones del país; y que, por supuesto, ante eventuales crisis energéticas —como ya lo hemos visto en Texas y seguramente seguirá sucediendo, derivado del cambio climático—, necesitamos que el gobierno cuente con los elementos para que todos los mexicanos dispongan de combustibles que permitan el transporte y movimiento de mercancías.
Las modificaciones propuestas en la Ley de Hidrocarburos de ninguna manera representan una expropiación, como lo quiere hacer ver la oposición.
Lo que se está afinando es normatividad para que, de ser necesario, tanto el gobierno como los particulares tengan muy claro cuáles son los procesos y procedimientos que se seguirán en beneficio de los consumidores.
Es importante hacer notar que todas las acciones relativas a que, en caso de crisis, el gobierno pueda intervenir, tienen su fundamento en la Ley de Seguridad Nacional, y que incluso en el caso de vías generales de las vías de comunicación opera la requisa y es perfectamente válida y constitucional.
Con esta reforma, no se altera el orden constitucional ni se violan los derechos de ningún permisionario, únicamente se establece el andamiaje jurídico que permitirá al gobierno actuar dentro de un marco legal. Incluso está en sintonía con los tratados internacionales.
Recordemos que en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), el capítulo 8 dispone el pleno respeto a la soberanía de México sobre el petróleo y los demás hidrocarburos, mediante el reconocimiento de su propiedad directa, inalienable e imprescriptible sobre dichos recursos.
Lo que sí hace esta reforma es elevar a rango de ley diversas disposiciones de almacenaje de petrolíferos, que refuerzan la seguridad y eficiencia energética en beneficio de todos los mexicanos.
Cambia de afirmativa ficta a negativa ficta respecto del silencio administrativo de la solicitud de permisos, atendiendo a la protección de los intereses nacionales sobre los intereses económicos de las empresas particulares.
Con esta reforma se profundiza la defensa de los derechos de todos los consumidores, sea el ciudadano que compra gasolina en cualquier estación de servicio o las grandes empresas que requieren diésel para su operación diaria.
En la mesa de análisis escucharemos y analizaremos todos los puntos de vista, contrastaremos la información y atenderemos sólo aquellas razones que beneficien al interés colectivo.
Legislar en favor de todos los mexicanos es la premisa de los diputados de la Cuarta Transformación.
Con esta