Vía libre para indagar al
Beyruti perdió un amparo para evitar que consulten su información financiera
CDMX. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) no tienen impedimento para indagar las cuentas bancarias del presidente de GINgroup, Raúl Beyruti Sánchez, quien enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El empresario perdió ante un juzgado en materia penal de la Ciudad de México un juicio de amparo contra la solicitud para que entregue información de sus datos financieros y cuentas bancarias.
Fue un secretario en funciones de juez quien negó la suspensión provisional al llamado rey del outsourcing.
El 27 de febrero, un juez de control con sede en el Estado de México otorgó a la FGR una orden de aprehensión en contra del empresario y al menos seis de sus colaboradores por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Las investigaciones están sustentadas en denuncias que interpuso la UIF sobre movimientos financieros de 92 empresas de subcontratación laboral por un monto de 34 mil millones de pesos durante la administración de Enrique Peña Nieto.
La FGR
pidió a la Interpol la ficha roja para buscar al empresario Raúl Beyruti en 195 países de todo el mundo
La UIF detectó que Beyruti recibió en una cuenta bancaria, entre 2014 y 2017, cuatro millones 335 mil 705 pesos provenientes de empresas factureras.
Contra estas investigaciones el empresario solicitó la protección de la justicia federal el 3 de marzo. El juez José Armando Zozaya Solórzano, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en Tepic, le concedió la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión.
Sin embargo, la medida cautelar no impide a la FGR detenerlo toda vez que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa.
La investigación contra Raúl Beyruti inició el año pasado luego de que Santiago Nieto, titular de la UIF, presentó 51 denuncias contra empresas de subcontratación por presuntamente simular operaciones y defraudar fiscalmente.