Denuncian intentos de despojo por Tren Maya
Manifiestan que la firma Barrientos y Asociados los presiona para que se salgan de sus propiedades
CDMX. Comunidades ejidales de Campeche pidieron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar presuntos casos de extorsiones y fraude cometidos por el despacho Barrientos y Asociados, contratado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para negociar el pago de los derechos de vía por donde correrá el Tren Maya.
“Han pasado más de 70 años desde que esas vías operan y el Gobierno Federal nunca nos ha cuestionado nuestras viviendas. Ahora, con el Tren Maya, buscan sacarnos argumentando que somos invasores”, denunciaron.
Representantes de los ejidos División del Norte y Don Samuel, en el municipio de Escárcega, así como el ejido Miguel Alemán, en el municipio de Candelaria, acusaron que la firma de abogados los ha presionado para que firmen la autorización. La forma de operar es la misma en cada caso. “Se presenta en las comunidades una persona, identificándose como representante legal de Barrientos y Asociados, con una actitud de apoyo al ejido para ganar la confianza. Nos dice que puede incrementar el monto de la indemnización a través de inventariar árboles o instalaciones inexistentes.
“Después busca recabar nuestra autorización levantando un acta donde se
Unos 200
ejidatarios de nueve comunidades bloquearon la carretera que conecta a Chetumal con Felipe Carrillo Puerto
daba por otorgada la autorización, a pesar de no contar con la mayoría de las firmas de la Asamblea y de la cual no han entregado copia hasta el momento a los ejidatarios”.
Aseguraron además que el despacho los citó en el Palacio Federal de Campeche para otorgarles cheques con cantidades muy superiores a las acordadas, e inmediatamente les exigió la devolución en efectivo de la mayor parte del dinero a cuentas indicadas por Barrientos y Asociados.Afirmaron que esta mecánica la han replicado por meses en diversos ejidos de Campeche e incluso de Yucatán.
Ayer, cerca de 200 ejidatarios de nueve comunidades bloquearon la carretera federal que conecta a Chetumal con el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, al saber que por ahí pasaría el presidente Andrés Manuel López Obrador para viajar a Tihosuco, donde encabezaría un acto para pedir “perdón” al pueblo maya. Los comuneros que demandan indemnizaciones interrumpieron el convoy presidencial.
Al punto de bloqueo primero acudió el delegado federal Arturo Abreu Marín, seguido del convoy con el Presidente, quien auxiliado con un megáfono, dialogó con los inconformes.
El asedio político y las amenazas reales de exterminarlos o chingarlos, según le guste a usted, que sufren el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), son producto de que ambas instituciones cumplieron con su obligación de respetar y hacer respetar la ley correspondiente.
El INE y el TEPJF encabezan hoy la lista de los muchos villanos favoritos del presidente de la República, los miembros de su gobierno y sus seguidores, el nuevo grupo político en el poder, luego de su determinación de no registrar las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y Michoacán, Raúl Morón.
Lo que hicieron el INE y el TEPJF fue cumplir con su obligación legal: aplicar la ley vigente. Nada más. Y el mundo político oficialista se les ha venido encima a esas instituciones autónomas, junto con las otras que no son del agrado presidencial, porque a su juicio limitan el poder que él considera debe ser absoluto del titular de Poder Ejecutivo. El INE y el TEPJF ha sido asediados, atacados y acusados por presuntamente impedirles el constitucional derecho a ser votados de los dos aspirantes a ser candidatos a gobernador.
Esas dos instituciones no han limitado ningún derecho a nadie; tienen la obligación de aplicar las leyes en materia electoral, que son las que imponen los requisitos a los ciudadanos y partidos para poder participar en los procesos electorales, aprobadas por el Congreso de la Unión.
Esas leyes, empezando por la Constitución, establecen los requisitos a los ciudadanos para votar y ser votados y a los partidos para participar en los procesos electorales. Su cumplimiento es garantía de legalidad y legitimidad de esos procesos.
Hubo dos candidatos a gobernador que no cumplieron con el requisito legal de entregar el reporte de gastos de precampaña, cuya sanción (la única) estipulada en la ley es no conceder el registro oficial de esas candidaturas, según determinó dos veces el INE y una vez el TEPJF (este tribunal es, para que se entienda, como una especie de Suprema Corte de Juticia en materia electoral).
A algunos analistas, opinadores y sobre todo a simpitizantes de Morena (y hasta al presidente del TEPJF) les pareció una sanción “excesiva” y en un caso se afirmó que el gasto había sido muy poco por lo que el castigo fue desproporcionado.
El problema es que la ley, producto de reformas legales exigidas en impulsadas por Morena y sus entonces candidato Andrés Manuel López Obrador en 2007 y 2014, para evitar “fraudes electorales”, establece esa única sanción y no habla de montos de gastos ni establece multa alguna. La pena: es el no conceder el registro al candidato violador de la ley.
En otras palabras: si el INE y el TEPJF hubieran tomado otra decisión (aceptar el registro, determinar otra sanción, incluyendo una multa) habrían violado la ley y, consecuentente, deslegitimado el proceso electoral.
En México, al asumir sus cargos, las autoridades y funcionarios públicos juran que respetarán y harán respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Eso fue lo que hiceron el INE y el TEPJF y por eso lo tienen en la picota.