TIERRA DE DISTRIBUIDORES
Este año, la compra consolidada de medicamentos del sector salud sumará 51,000 MDP. El gobierno es un enorme comprador de la industria farmacéutica. Pero su trato no es con los fabricantes: en este rubro, los intermediarios llevan la batuta
l tema ha sido polémico desde el sexenio de Vicente Fox. A partir de 2005, el Grupo Fármacos Especializado (GFE), perteneciente a la familia Pérez Fayad, se ha sostenido entre los principales proveedores del sistema de salud. Es el mayor contratista farmacéutico del gobierno federal.
GPE ha acumulado 2,771 contratos de las instituciones del sector salud desde ese año, pero sus propietarios poseen también la firma Fármacos Especializados (540 contratos), de nombre casi idéntico al del grupo pero con registro federal de contribuyentes distinto; Pro Inmune de México (439 contratos), Selecciones Médicas (406 contratos) y Equimed y filiales (192 contratos en conjunto), con lo que este conglomerado empresarial habría obtenido 3,348 contratos.
Le sigue Farmacéuticos Maypo y filiales, compañía de la familia Arenas Wiedfeldt fundada en la década de los 70, que ha obtenido 2,159 contratos con las instituciones federales de salud.
En el tercer lugar por cantidad de contratos con el gobierno está Bioma Farmacéutica, una comercializadora asentada en Zapopan, Jalisco, que en poco más de tres años y medio —entre abril de 2011 y diciembre de 2014— obtuvo 937 contratos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), todos bajo el esquema de adjudicación directa.
Toda esta información acorde con un banco de datos construido por Manufactura con base en 52,564 contratos de 21 instituciones sanitarias federales, registrados entre el 1º de enero de 2005 y el 16 de diciembre de 2014 en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
MÁS CONTRATOS NO ES MÁS DINERO
Suman 86 las empresas farmacéuticas que han llegado a obtener 100 contratos o más con la planta sanitaria federal, de entre un total de 1,361 proveedores, y sólo cinco superan los 500 contratos, además de los tres ya mencionados: Consorcio Yan Yan Ti (623 contratos), Distribuidora de Fármacos y Fragancias (749), Distribuidora Internacional de Medicamento y Equipo Médico (785), Ralca (873) y Laboratorios Pisa (896).
Pero los proveedores con mayor número de contratos no necesariamente son los que obtienen mayores ingresos del sector salud oficial, fuera de los dos punteros. Por ejemplo, con su casi millar de pedidos, Bioma Farmacéutica facturó al IMSS en el periodo referido 17,427,000 pesos, cerca de 8% de las ventas efectuadas en un lapso equivalente por Cell Medicine Laboratories —entre febrero de 2009 y febrero de 2012— al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sólo 17 contratos que suman 230,916,303 pesos.
Del universo de contratos gubernamentales para la adquisición de medicamentos e insumos y servicios relacionados —se excluyen gases industriales y equipo médico comercializado sin medicamento—, sólo 4,507 rebasan el millón de pesos, alrededor de 7.97%, y únicamente 485 tienen un valor mayor a 50 millones de pesos (MDP), es decir, menos del 1%, en donde se concentra cerca de 80% de las erogaciones federales.
De las empresas que han accedido al paquete de 4,507 contratos mayores a 1 mdp, sólo un egrupo de 125 firmas han logrado una remesa superior a los 30 MDP, que en conjunto han conseguido surtir una receta de 134,240 MDP. Pero es ahí donde el cuello del matraz se reduce aún más: cuatro empresas concentran 60.66% de esa facturación: Maypo con un 13.27%, SAVI Distribuidora que logra un 5 .62%, Ralca, con 4.92%, y el clan GFE (Grupo Fármacos Especializados, Fármacos Especializados, Selecciones Médicas y filiales y Equimed y filiales), cuya alcanzaría el 42.83% de la derrama.
Este mapa del ecosistema industrial que gravita en torno al consumidor estatal de fármacos es fragmentario, pues las plataformas de transparencia con frecuencia están en mantenimiento, reestructura, o desactualizadas, de modo que gran cantidad de contrataciones no se incluyen. Como en el caso de las encuestas, este ejercicio es fiel de una tendencia.
MUNIFICENCIA SELECTIVA
Al menos 119 contratos de entre 50 y 3,500
MDP fueron otorgados por adjudicación
directa por el ISSSTE (74), el IMSS (42), la subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos (Pemex) (1) y el Instituto Nacional de Cancerología entre 2007 y 2014, sumando más de 36,136 MDP entre 2007 y 2014.
Las 20 contrataciones más cuantiosas bajo este método, que suman más de 22,900 mdp, fueron adjudicadas entre 2011 y 2014: tres para Maypo, 2 para Ralca, 1 para Genzyme México, 1 para Sanofi-Aventis Winthrop, 1 más para Selecciones Médicas del Centro, y 12 para Grupo Fármacos Especializados (GFE).
De hecho, de los 20 contratos de mayor monta, independientemente de su método de asignación, la mitad fueron otorgados por adjudicación directa, y el más cuantioso es uno de este tipo, asignado por parte del IMSS a GFE, con valor de más de 3,495 MDP, que cubría el surtido de medicinas durante el año 2014.
MEDICAMENTOS DE LA DISCORDIA
Las adjudicaciones directas y las condiciones que facilitan la concesión de contratos sólo a algunos grupos farmacéuticos han causado quejas y controversias en el sector salud. Por ejemplo, en 2003 Víctor González Torres, dueño de Farmacias Similares calificó de “absurda” la entonces reciente tendencia del sector salud gubernamental de comprar a los intermediarios en vez de hacerlo a los laboratorios. En 2009, Nadro y Casa Saba impugnaron algunas licitaciones del ISSSTE por considerarlas opacas.
En 2011, el IMSS se comprometió a con la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a integrar recomendaciones efectuadas por esta última para “combatir la colusión entre referentes en las licitaciones públicas”.
Una de las sugerencias del organismo era “limitar el número de fabricantes que pueden ser representados por un distribuidor”. Según el Instituto Mexicano para Competitividad (IMCO), que evaluó el proceso de implementación, “esta situación se refiere a cuando llega un participante a la licitación pero detrás de él están varios fabricantes del mismo producto que se pusieron de acuerdo para ir de la mano del mismo representante”.
Desde 2013, el gobierno asumió la figura de compra consolidada para surtir al sector salud, como una manera de generar ahorros para todas las instituciones participantes, así como iniciar un proceso de transparencia en estas operaciones.
A diciembre de 2014, a través del IMSS –entidad que lidera ese formato de adquisiciones—reportó un valor de 51,000 MDP, el más grande de la historia del sector público. A través de esa figura de compra se ha generado un ahorro de 8,300 MDP en medicamentos en lo que va de la presente administración. Función Pública y Cofepris participaron como asesores en las adquisiciones, y representantes de la compra consolidada se reunieron con cámaras empresariales (Canifarma, Canacintra y ANDIS) a fin de lograr una compra “participativa e incluyente”, según el reporte del
IMSS a diciembre de 2014. No obstante, la tendencia del gobierno a comprar a los distribuidores (y no a los fabricantes) sigue manifestándose. Hasta el momento, en el mercado gubernamental de productos farmacéuticos es la hora de los brockers. †
Medicamentos para la salud del corazón, para abatir el cáncer y la diabetes mellitus en los que
más gastan las instituciones públicas.
Fuente: ENSAUT 2012