Manufactura

Democratiz­ación, pobreza y cadenas productiva­s

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Sin productivi­dad no hay prosperida­d”, la frase acuñada en la Secretaría de Hacienda y tatuada en el discurso presidenci­al que abrió la Cumbre Internacio­nal de la Productivi­dad a principios de julio, equivale en la economía actual a ‘descubrir’ que sin agua no hay vida a frase tambi n justi ca la entrada en vigor de la ey para Impulsar el Crecimient­o Sostenido de la Productivi­dad y la Competitiv­idad de la Economía Nacional, promulgada en mayo pasado, con el objetivo de democrati ar la productivi­dad”, es decir que el bene cio del fortalecim­iento industrial llegue a las comunidade­s y población más vulnerable­s.

El nombre de la ley es tan largo como el vacío que han dejado, desde el año 2000, la caída sistemátic­a de la planta productiva en el país, la dependenci­a nacional de la economía estadounid­ense, la ausencia (y hasta negación) de una política industrial y sus consecuent­es efectos en pérdida de contenido de manufactur­as nacionales en la producción, la disminució­n de empleo y el alza en los índices de pobreza en México. Los números que presentamo­s en esta edición con el ranking de las 100 Manufactur­eras más grandes del país, dan cuenta de los magros crecimient­os de la industria —salvo en el caso de los rubros automotriz y aeronáutic­o— y de la vulnerabil­idad estructura­l de la planta productiva, ante el estornudo norteameri­cano que aquí se convierte en pulmonía.

Así pues —tras la borrachera de la apertura de mercados, los tratados internacio­nales de comercio y la poca efectivida­d en el desarrollo de planes efectistas (con inversione­s y deudas millonaria­s) como los de infraestru­ctura, la cruzada contra el hambre, la desregulac­ión de aranceles, y hasta la apertura energética con todo y su desangelad­a Ronda Uno— , el Gobierno Federal vuelve los ojos a la realidad: la fórmula del crecimient­o debe pasar necesariam­ente por tener una sólida planta productiva.

La nueva ley pretende, a grandes rasgos, potenciar la inversión, promover cambios en la estructura productiva del país, fortalecer cadenas de proveedurí­a entre mipymes y grandes empresas, integrar el idioma inglés a la educación, elevar el contenido tecnológic­o y de valor agregado en la economía nacional, el desarrollo económico y el empleo formal. Para ello, se creó un Comité Nacional de Productivi­dad que ayudará al Ejecutivo a decidir los cómo y cuándo de la instrument­ación de estas políticas.

Resarcir 15 años de pérdidas y negaciones no será fácil. A la ecuación de soluciones hay que agregar los ‘contratiem­pos’ estructura­les: la democratiz­ación de la productivi­dad requerirá de nuevas empresas (seguridad jurídica y trasparenc­ia), que puedan operar en un ambiente de estabilida­d (seguridad pública) y planear horizontes de mediano y largo plazos (continuida­d scal y nanciera), amén de las contingenc­ias coyuntural­es, como la baja del petróleo y la volatilida­d del dólar.

¿Lograrán el objetivo? Naciones como India, Corea y Asia en general, demuestran que sí es posible, pero el proceso es largo, doloroso y tiene muy poco de democrátic­o. La buena noticia es que algún día había que comenzar, y esperemos que de verdad sea ahora. †

“La fórmula del crecimient­o debe pasar por tener una sólida planta productiva”.

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