MENOS INNOVACIÓN INDUSTRIAL
Los recortes dañan la investigación.
José de Jesús Velázquez dirige Fundiciones JV, una empresa con operaciones en Ramos Arizpe, Coahuila, que se dedica al reciclaje y transformación del aluminio. Hace dos años inició un proyecto para fabricar aleaciones para la industria automotriz.
En 2016, junto con el El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) de Saltillo y el Centro Universitario de Liderazgo y Tecnología Avanzada (CULTA) de Apodaca, Nuevo león, ingresó al Programa de Estímulos a la Innovación que opera el Conacyt, donde obtuvo 4.9 millones de pesos para desarrollar la etapa de investigación, fabricación de prototipos y pruebas mecánicas.
La segunda fase del proyecto consiste en echar a andar la planta piloto, donde planean fabricar barras de aluminio estroncio, una aleación que ninguna empresa produce en México, la cual da mayores propiedades mecánicas al metal y una mayor resistencia a los motores.
Para concretar esa segunda etapa, la firma volvió a concursar en 2017 y resultó beneficiada, ahora con 5.5 mdp, pero algo sucedió en el camino: hasta el cierre de la edición, la empresa no había recibido los recursos.
“No entré porque el presupuesto fue recortado, y volví a meterlo para 2018. El Conacyt nos avisó con tiempo”, comenta José de Jesús Velázquez.
Afortunadamente para él, su empresa tiene los recursos para echar a andar el proyecto por su propia cuenta.
Un estudio de Research and Markets señala que el valor de mercado del aluminio en la industria automotriz será de 42,000 millones de dólares en 2022, incluyendo aleaciones, lo que dimensiona el segmento que la empresa coahuilense quiere explotar.
Pierde brillo
El caso de Fundiciones JV se da en un contexto donde los recursos para investigación y desarrollo, particularmente en la industria, tuvieron un rumbo errante. En 2018, el gasto gubernamental en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) será de 91,952 millones de pesos (mdp), de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, de los cuales el Conacyt controla cerca de 30%. Hasta 2017 era el organismo con mayor gasto en la materia, pero este año el sitio lo ocupa la Secretaría de Educación Pública (SEP) con un gasto programado de 31,664 mdp.
El presupuesto asignado al Conacyt apenas creció 1% respecto a 2017, y es 18% inferior al de 2016, lo que afecta programas como el de Estímulos a la Innovación (PEI), que consiste en la transferencia de recursos a empresas con proyectos de desarrollo tecnológico, a fin de fomentar la inversión en innovación. Hasta la primera mitad de 2017, el PEI —a través de los programas Innovapyme, Innovatec y Proinnova— había otorgado 1,600 mdp a 383 proyectos, mientas que en 2016 destinó 4,100 millones a 932 proyectos de las tres vertientes.
Miguel Adolfo Guajardo, director adjunto de Planeación y Evaluación del Conacyt, reconoce que el panorama es poco alentador. “El impulso a la inversión privada, a través del Programa de Estímulos a la Innovación no pudo sostenerse en el último año, debido a las restricciones presupuestales que enfrenta el país”.
Enrique Guillén, presidente de Canacintra, admite que los ajustes fiscales de los últimos años repercutieron en la inversión en ciencia y tecnología para priorizar la estabilización de “la deuda pública y alcanzar un superávit primario en 2017”, lo que “implicó recortes generalizados en diversas instituciones y el gasto en ciencia y tecnología no estuvo exento”, dijo.
Destacó que el programa de Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología otorga estímulos fiscales para las empresas que inviertan parte de sus recursos en I+D. Sin embargo, en su primer año de lanzamiento únicamente ejerció 50% de su presupuesto — que fue de alrededor de 1,500 millones de pesos— abido a falta de información y a sus estrictos esquemas de aprobación, señala Guajardo, del Conacyt.
No obstante, agrega que los subsidios no pueden ser la única vía para que las empresas innoven, sino un compromiso compartido con el sector financiero.
Hasta junio de 2017, el Conacyt dio recursos a un total de 383 proyectos del PEI por 1,595 mdp, los cuales detonaron una inversión privada de unos 1,420 mdp; es decir, 0.89 pesos privados por cada peso público. Sin embargo, el saldo entre 2013 y 2017 —compuesto por inversión pública y privada— seguirá sin alcanzar 1% del PIB, como lo establece la Ley de Ciencia y Tecnología.
De acuerdo con información del CTI, los rubros que han sido más apoyados a lo largo del sexenio han sido energía, salud, producción y tecnología industrial y agricultura. Este rubro comprende I+D para la mejora de la producción industrial y de la tecnología, productos industriales y procesos de fabricación, mejora de la eficiencia económica y competitividad y reciclaje de residuos (metálicos y no metálicos), pero su gasto bajó 4% en términos anuales.
Lo ideal es que haya un crecimiento constante en el presupuesto y en las instituciones dedicadas a CTI, y tener un plan estratégico a 20 años que blinde la política de innovación de la volatilidad política. En plena revolución 4.0, México tiene su última oportunidad para hacerlo.