¿INVESTIGACIÓN JUSTIFICADA?
Las armadoras permanecen en vilo.
No es casualidad que la industria automotriz haya sido un tema controversial en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, México y Canadá. Este sector no es el que más empleos genera en Estados Unidos, ni el más exportador, pero sí es uno de los más emblemáticos para los estadounidenses.
Donald Trump lo sabe y no ha perdido la oportunidad de aprovechar el imaginario de prosperidad y grandeza asociados a la industria automotriz para ganar adeptos. Durante su campaña prometió regresar las inversiones y empleos que Ford, General Motors y Fiat Chrysler se habían llevado a mercados de bajo costo, como México.
Ahora, con las elecciones intermedias en puerta, Trump ha vuelto a insistir en imponer un arancel a los vehículos mexicanos. El 23 de mayo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos lanzó un comunicado diciendo que ese país iniciaría una investigación —sustentada en la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962— ante la sospecha de que las importaciones de vehículos están debilitando la economía interna y pueden perjudicar la seguridad nacional. En caso de que esta investigación prospere, Estados Unidos podría imponer un arancel de 25% a los vehículos importados. Esta investigación corre en paralelo al nuevo acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos, a finales de agosto, para modernizar el TLCAN.
“Pero, ¿qué daño hace un auto, en una distribuidora de Estados Unidos, fabricado en México con 40% de componentes estadounidenses?”, cuestiona Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
¿Amenaza real?
Para Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, la respuesta está en las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) que realizan las empresas del sector en ese país. “Los fabricantes de vehículos estadounidenses representan solo el 20% de la inversión en I+D, mientras que los fabricantes de componentes estadounidenses representan el 7%”, dijo en un comunicado. El resto de la inversión que las empresas locales hacen está desperdigada alrededor del mundo.
Pero México no es el mayor destino de inversión en I+D para las compañías estadounidenses. Reino Unido y Alemania fueron
las dos ubicaciones que más inversiones captaron por parte de las empresas estadounidenses, y Europa en su conjunto representó casi el 50% del desembolso en I+D hecho por las compañías estadounidenses en el extranjero. La región Asia-Pacífico representó el 31%, con India y China como los dos principales destinos para este tipo de inversiones, según datos de la agencia gubernamental National Science Foundation.
Los fabricantes argumentan que esto no tienen nada que ver con el TLCAN. “La industria automotriz es global: tanto las plantas como los centros de I+D deben estar distribuidos alrededor del mundo para ser competitivos”, comenta Alexander Wher, presidente y CEO de BMW Group México, Latinoamérica y el Caribe. “Así como las estadounidenses invierten en otras regiones, las automotrices alemanas y japonesas invierten en Estados Unidos”, añade.
Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, “la fabricación de automóviles ha sido una fuente importante de innovación tecnológica, y la investigación en curso analizará si la disminución de la producción nacional de automóviles y componentes amenaza con debilitar la economía interna, reduciendo potencialmente la I+D y el empleo de trabajadores calificados en vehículos autónomos, celdas de combustible, baterías eléctricas y otras tecnologías de vanguardia”. “Este argumento es una justificación para imponer un arancel”, dice Ricardo Apaez, director de Innovación en el Cluster Automotriz de Nuevo León (CLAUT). “La instalación de un centro de I+D en un país depende de la disponibilidad de talento altamente calificado, más que de la producción de vehículos”, añade.
Esta investigación durará hasta 270 días, más otros 90 que Trump puede tomar para ver si impone o no barreras arancelarias. Si esto ocurre, México puede utilizar la ‘carta adjunta’ (o side letter) que firmó con Estados Unidos en agosto y que operará al margen del nuevo TLCAN. Este documento permitirá al país exportar, libre de arancel, hasta 2.4 millones de vehículos al año a Estados Unidos, que es 40% más de los envíos hechos en 2017. “Es nuestra póliza de seguro”, dice Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.