Cierre de ciclo/ I
Sylvia Schmelkes, consejerapresidenta de la Junta de Gobierno del INEE, concluyó su gestión la semana pasada. Designada para el cargo por sus propios compañeros de ese órgano colegiado cuatro años atrás, ejerció un liderazgo prudente, firme y efectivo. Su conducta institucional fue de primus interpares y los actos de la Junta estuvieron apegados a la normatividad que le dio origen.
Como cualquier otro organismo del sector público, seguramente la etapa terminada deba evaluarse rigurosamente por la nueva gestión y, en consecuencia, realizar ajustes y adecuaciones. Las expectativas que se generaron cuatro años atrás en el contexto de la Reforma Educativa ( RE), con relación al naciente organismo y al perfil profesional de sus cinco consejeros, se han cumplido en amplia medida. Al reconocimiento que distintas instituciones y personas hacen de la labor realizada se opone una crítica que, con distintos matices y fundamentos, va desde las sencillas observaciones en torno al funcionamiento del organismo hasta la descalifi cación por entero de dicha labor. La disputa por la RE, la ideológica, pero también la de intereses, opaca también en este terreno una valoración serena sobre el INEE. Las líneas siguientes pretenden contribuir a ese propósito.
El Origen
Con una personalidad diferente a la que tiene en el momento actual, el INEE fue creado en 2002 con el objetivo de “apoyar en la función de evaluación del Sistema Educativo Nacional ( SEN)”, tal y como se leía en el Decreto expedido por el Presidente de la República, publicado en el Diario Ofi cial el 8 de agosto. A lo largo de estos casi quince años, el INEE ha pasado por dos transformaciones. Nació como organismo público descentralizado, de carácter técnico, sectorizado en la SEP, de ahí su rasgo principal de “apoyar”. Luego, en mayo de 2012, tuvo su primera modifi cación: dejó de estar sectorizado, adquiere una mayor autonomía técnica y, sobre todo, se le dota de personalidad jurídica y patrimonio propios. Unos meses después, en febrero de 2013, y como parte de la reforma constitucional del Artículo Tercero, el Instituto cambia radicalmente su confi guración: pasó a ser un organismo público autónomo, de rango Constitucional, a semejanza del Banco de México, el Instituto Nacional Electoral y otros.
En esa trayectoria, el Instituto ha tenido cuatro dirigentes: Felipe Martínez Rizo ( 2002- 2009), Margarita Zorrilla ( 2009- 2012), Mario Rueda ( 2012- 2013) y Sylvia Schmelkes ( 2013- 2017). Felipe puso las bases, las grandes definiciones e implantó los primeros procedimientos evaluatorios, acciones en las que parecía que se hubiese preparado toda su vida para ello. Margarita y Mario, en escasos cuatro años — especialmente la primera— consolidaron el legado recibido y todavía tuvieron espacio para nuevos desarrollos metodológicos y operativos. A Sylvia le correspondió la gran transformación del Instituto, la de organismo autónomo del Estado Mexicano en los momentos en que la RE fue la cara más visible de las llamadas reformas estructurales y la evaluación la parte más polémica de aquella.
Fue tanta la importancia concedida al INEE que el Estado Mexicano — en contra de la ortodoxia constitucionalista— no sólo lo instituye en la Carta Magna sino que, además, lo describe con cierto detalle, rodeándolo de un conjunto de condicionantes que deberían refl ejarse tanto en la propia ley del INEE como en la Ley General de Educación.
Dicha importancia fue reiterada en el proceso de designación de los propios consejeros. Se tuvo mucho cuidado para que la presentación de ternas al Senado, a cargo del Presidente de la República, se nutriera en todos los casos con académicos reconocidos pertenecientes al Consejo Mexicano de Investigación Educativa ( Comie) y al Sistema Nacional de Investigadores. Ese fue un criterio que el Secretario Chuayff et impulsó con entusiasmo. En fi n, las circunstancias parecían propicias para que el nuevo organismo, que también se erigía en cabeza del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, pudiese garantizar “la prestación de servicios educativos de calidad”, como lo establecía expresamente el texto constitucional.
La enorme reacción de la CNTE frente a la RE lleva al gobierno federal a una posición oscilante: apoyarla o negociarla; procurar la gobernabilidad o la aplicación efectiva de aquella. Ahí el INEE tuvo que defi nirse.