LDO SIDADES PÚBLICAS
Permita actualizar estrategias económicas
tienden a sobreproteger a la base trabajadora y a sus familias, porque otorgan pensiones a quienes por su edad no lo requieren y perjudican directamente al patrón e indirectamente a las y los empleados.
Incluso, argumenta, estos últimos no sólo corren el riesgo de no recibir pensión, sino de perder su fuente de trabajo ante la insuficiencia financiera de la institución.
El asunto, dice, es que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo ( OIT), la seguridad social es la protección que la sociedad debe otorgar ante contingencias económicas y sociales derivadas específicamente de la pérdida de ingreso a causa de una enfermedad, maternidad, riesgo de trabajo, invalidez o vejez, únicamente.
Sin embargo, hay quienes se jubilan por antigüedad y tienen la capacidad de seguir trabajando, lo que contradice la ley.
“No debe haber pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión; como en el caso particular de la UABJO, donde el gasto por concepto de jubilaciones está llegando al 50 por ciento de la nómina general, lo que ninguna institución podría soportar”, señala.
Por eso, considera, es fundamental que la comunidad universitaria haga las reformas y dar viabilidad a los sistemas para garantizar las pensiones cuando se requieran.
“Aunque sea un derecho constitucional, la Carta Magna no dice cómo ni cuándo deban otorgarse; es decir, sí está contemplada la seguridad social, pero no los términos y las condiciones, porque nadie, ni siquiera el gobierno, está obligado a lo imposible”, finaliza.
Por eso, apunta el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, la construcción de esas nuevas alternativas deben tener alcances nacionales y regionales, y lo más importante, es que se establezcan y construyan en un marco de corresponsabilidad y confianza.
“No hay tiempo que perder, después de valorar los diferentes elementos al alcance es preciso poner manos a la obra y delinear una estrategia que nos permita atender el problema de mayor importancia”, señala.
De lo que se trata, apunta, es de revisar los detalles para ubicar la complejidad y magnitud del problema y que esto no se quede solo en el análisis interno de las instituciones.
“Sino que lo veamos como un problema que va más allá de las propias universidades y que puede ir construyendo un problema de mayor envergadura; trataremos de implementar una solución a corto, mediano y largo plazo”, afirma el Subsecretario.
Lo que es cierto también, como lo plantea el funcionario, es no generar o levantar expectativas amplias y positivas de solución al problema financiero de las universidades.
El primer paso, como lo aceptan las propias instituciones de educación superior, es tener bien dimensionada su condición financiera para atenderla cuanto antes.
Alternativas a mediano plazo
En ese sentido, Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México ( UAEM), advierte que una de las prioridades de su gestión al frente de esta casa de estudios tiene que ver con la recuperación del equilibrio presupuestal y mantener en ruta el futuro de la universidad.
“Hemos desplegado una estrategia de tres vías: primera, gestionar el incremento de los subsidios conforme a los actuales costos educativos; segunda, disminuir el gasto, mediante el ahorro y la optimización de recursos, y tercera, aumentar de manera sustancial los recursos autogenerados”, apunta el rector de la UAEM.
Por ello, en el caso de la Universidad Autónoma de Morelos ( UAEMOR), la cual estuvo inmersa en los últimos años, en asuntos más político- electorales que académicos, comenta Matías Quiroz Medina, secretario de Gobierno de ese estado, con el presupuesto asignado deber hacer un uso eficiente de los recursos.
Se trata, explica el funcionario estatal, de que las actuales autoridades universitarias realicen una reingeniería para resolver los problemas estructurales y sobrecargas que tiene su nómina.
“Desde luego, como se lo ha pedido la Secretaría de Educación Pública ( SEP), la universidad tiene que resolver asuntos que afectan su nómina, como el personal de confianza, a efecto de aligerar sus responsabilidades y poder ir solucionando sus problemas estructurales”, dice.
De otra forma, advierte el funcionario, el problema persistirá e incluso terminará por absorber al cien por ciento los recursos que la Federación y los gobiernos de los estados entregan a las universidades públicas del país.
Y es que, de acuerdo con un estudio de la propia Subsecretaría de Educación Superior, el problema de la falta de recursos en estas universi- dades, viene desde hace aproximadamente 35 años.
Anteriormente, las universidades se confiaban y contrataban lo que requerían para abrir nuevos posgrados, y solicitar profesores de tiempo completo, que contrataban sin tener la suficiencia presupuestaria, porque a final de cuentas, no había limitación en la asignación de los recursos.
Una vez que contrataban, hacían el trámite ante la Secretaría de Hacienda, que a final de año reconocía las plazas, luego con las prestaciones se pedían varios días más de aguinaldo, pero la carga financiera fue creciendo.
Ahora, la diferencia es que aunque a través de los gobernadores y de los diputados se soliciten recursos adicionales, la baja de los precios del petróleo y otros factores externos impidió que se continuará el apoyo financiero y las universidades empezaron a resentir el problema.
Por eso, el punto de acuerdo que algunos senadores presentaron hace unos meses, va en ese sentido. Porque el rescate financiero de las universidades públicas del país, especialmente 10 de estas, entraña nuevas alternativas, pero sobre todo, nuevas obligaciones.
JUBILACIONES y pensiones representan un gran déficit para las casas de estudio