La asamblea y el futuro
Esta organización, fundamental para el diseño e implantación de políticas públicas en los últimos 50 años, llevó a cabo su LIII Asamblea en la Ciudad de México la semana pasada. A ella concurrieron los representantes de sus 191 instituciones afi liadas, mismas que representan al 60 por ciento de la matrícula nacional de ese nivel, y al 90 por ciento de la investigación del país. De lo mucho ahí acontecido, resalto tres aspectos que me parecen trascendentales.
En primer lugar, el discurso de apertura del Secretario General Ejecutivo ( SGE), Jaime Valls. Ahí expuso la preocupación existente en la Asociación en torno de una decena de universidades públicas. Éstas confrontan una difícil situación fi nanciera por una serie de causas, entre las que sobresalen: a) el acelerado crecimiento de la matrícula; b) el reconocimiento parcial de las plantillas de personal, por parte de las entidades fi nanciadoras; c) los compromisos derivados de los contratos colectivos; d) la falta de solvencia para cumplir con las obligaciones relacionadas con pensiones y jubilaciones.
De ahí derivado, y como vía de superación de dicho estado de cosas, así como una cuestión relevante para todas las intituciones públicas de educación superior, el SGE aseveró que se “requiere una política renovada de fi nanciamiento con la participación del gobierno federal y los gobiernos estatales, así como el compromiso de todas las universidades que se encuentran en esa situación, para llevar a cabo reformas que permitan su sustentabilidad a largo plazo” ( I. Velázquez, Reforma, junio 23).
En función de ello, y ante la inminencia de que la SHCP concluya con la confección del Presupuesto de Egresos de la Federación, Jaime Valls le solicitó al secretario de la SEP “su valiosa intervención para lograr que el presupuesto ordinario y los extraordinarios para 2019, alcancen un monto que nos permita ofrecer más y mejor educación superior para los mexicanos”
En segundo término habría que destacar el mensaje del Secretario de la SEP. Inició mencionando algunos de los principales números del Sistema de Educación Superior en los últimos años: a) haber alcanzado una matrícula de 4.3 millones; b) con una cobertura que linda ya con el 40 por ciento y que; c) en términos de equidad social ha permitido un mayor acceso de alumnos de los sectores sociales menos favorecidos. De uno de cada ocho, en el año 2000, a uno de cada cuatro en la actualidad.
Además, Granados Roldán planteó lo que constituye uno de los principales desafíos actuales para la interrelación entre los sectores educativo y económico. Éste se sitúa en los procesos de formación profesional por parte de las IES y la demanda de personal por parte de empresas del sector productivo. La no concordancia entre ellos, independientemente de sus efectos económicos, se refl eja ya socialmente en la política del empleo, como es el caso de la insufi ciencia de mano de obra especializada en algunas ramas productivas. Al respecto, citó un dato de la OCDE: ocho de cada diez nuevos empleos requieren que las personas que a estos se incorporen posean un “componente de innovación” entre sus habilidades profesionales.
En tercer lugar, la Asamblea fue el espacio para presentar Visión y Acción 2030, el documento en el cual la heterogénea composición de la Anuies ( universidades públicas y privadas, institutos tecnológicos, centros de investigación) coincide en el diagnóstico actual de la educación superior y las acciones que deben emprenderse en los próximos años. El texto jugará, complementariamente, el papel de insumo básico para el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales ( educación, ciencia y tecnología) que deberán elaborarse en el próximo sexenio. La versión fi nal, ya impresa debidamente, empezará a circular en los próximos días. Ya me referiré a ella oportunamente.
Conclusión: como se muestra en las palabras del SGE Valls, la preocupación por el fi nanciamiento a partir del próximo año se erige como una cuestión esencial. En ese sentido, Otto Granados ofreció una respuesta: hará el “acompañamiento” de las propuestas que ante su dependencia formule la Anuies y las IES. Resulta importante recordar que tal “acompañamiento” tendrá lugar cuando ya haya un Presidente de la República Electo. Ahí estará la gran prueba para el periodo de transición entre el gobierno saliente y el entrante. El PEF, por mandato constitucional, deberá ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre. Las expectativas que tiene el sector educativo sólo podrán cupmplirse si tal transición se da en buenos términos, sin olvidar que los Pre- criterios de Política Económica, base para el proyecto presupuestal, dados a conocer a fi nes de abril, no son halagüeños.