EN RIESGO, LA GOBERNABILIDAD DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Las decisiones que tomen los legisladores en un futuro cercano en materia presupuestal impactarán el avance de casas de estudio
Las universidades públicas del país podrían enfrentar una seria amenaza que pondría en riesgo la gobernabilidad, la operatividad financiera y la autonomía.
Esto ocurrirá si los planteamientos desmedidos en contra de su operatividad hechos por algunos legisladores se exacerban en la Cámara de Diputados y de Senadores.
Conforme se acerca la hora de asignar el gasto de operación para el próximo año fiscal, las instituciones de educación superior son vistas por algunos legisladores como entes que no han sido transparentes ni han rendido cuentas de los recursos que ejercen.
Esa es la visión que quieren imponer para justificar una mayor intervención de los gobiernos estatales y municipales.
Se pretenden implantar criterios de asignación desde la Federación que nada tienen que ver, como ocurre ahora, con el rendimiento académico que han demostrado las universidades públicas estatales.
Ahora, esta nueva visión legislativa le apuesta más a condicionar los recursos a cambio de una austeridad que afecta directamente las funciones administrativas, de gobernanza, académicas, de investigación, culturales, deportivas y de difusión que desempeñan las casas de estudio.
Además, pretenden realizar auditorías bajo criterios políticos a sabiendas que las instituciones de educación superior se han sometido a estos ejercicios de rendición de cuentas de manera interna y externa.
Por ahora, las universidades públicas tienen solamente un compromiso de palabra para que no se reduzca el gasto y cuando menos se asigne la misma cantidad con la que cierran este año.
Sin embargo, como lo saben los propios rectores, legisladores y futuras autoridades educativas, será una cantidad insuficiente para paliar los problemas financieros que se enfrentan.
Por eso plantean los diputados y senadores mayores controles al gasto, con el argumento de un mal manejo de los recursos en los últimos años.
Lanzan cuestionamientos
El caso notorio de estas visiones exageradas es el del senador por Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, quien advierte que la Auditoría Superior de la Federación debe auditar a las universidades e instituciones de educación superior por el manejo de los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2018, cuando es un hecho que se ha venido realizando.
En ese tenor, ingresó un punto de acuerdo para solicitar estas medidas y el cual fue leído ante el Pleno del Senado de la República el pasado martes.
De acuerdo con los datos de Guadiana Tijerina, en 2018 las universidades e instituciones de educación superior recibieron más de 157 mil millones de pesos de recursos federales.
“Entonces es importante, no se viola de ninguna manera la autonomía universitaria, ya hay una resolución judicial en el que se resuelve que pueden auditarse los fondos federales sin violar la autonomía”, sostiene.
En días pasados, cuando varios rectores de universidades públicas del país se acercaron al Senado para solicitar más recursos, el senador respondió:“Les digo yo, ‘ está bien, ustedes nomás les falta dinero y esti- ran la mano’, pero cómo los están aplicando, es lo más importante, yo estoy seguro que hay mucha más desviación de recursos como los que acaban de salir ahí de las ‘ empresas fantasma’ en la Universidad Autónoma de Coahuila ( UAdeC)”, dijo.
Guadiana Tijerina plantea que estos problemas con los recursos se replican en otras universidades públicas del país.
“Aparte estamos diciendo también que se exhorte a los congresos de los estados para que también en todas las auditorías superiores de los estados revisen a las universidades”, enfatiza.
Y es que coincidencia o no, justo cuando vienen los señalamientos de Guadiana Tijerina y se impulsa ese punto de acuerdo, se difunden ver-
Para las universidades públicas estatales el panorama no luce nada alentador”
siones sobre el desvío de más de 400 millones de pesos mediante una red de empresas por parte de la UAdeC.
En medio de esto, autoridades de la institución señalan que desconocen a detalle el movimiento o contrataciones de servicios con las empresas referidas; sin embargo, puntualizan que la gestión de la UAdeC fue auditada por la Federación, el Estado y una firma de renombre, y no se detectaron irregularidades.
Aun así, las diferentes fracciones parlamentarias del Congreso del Estado de Coahuila se pronunciaron por realizar una auditoría en la Universidad para esclarecer el presunto desvío durante la gestión del exrector, Blas José Dávila Flores, el actual tesorero del Estado.
Asimismo, el diputado local del PAN, Marcelo Torres Cofiño, se sumó a los cuestionamientos, e incluso, puso en entredicho la conveniencia de incrementar los recursos a las universidades públicas del país.
Desde el punto de estos legisladores las universidades públicas deben justificar hasta el último peso que gastan en el pago de nómina y de servicios, proyectos de infraestructura y su mantenimiento.
Asimismo, como lo establece el último punto de acuerdo presentado en el Senado de la República, las instituciones de educación superior deben comprobar los gastos realizados en investigación científica y desarrollo tecnológico, becas, fortalecimiento a la calidad educativa y adquisiciones, entre otros rubros.
El caso es que para las universidades públicas estatales el panorama no luce nada alentador. Sus aliados al interior del congreso son pocos y no cuentan con la autoridad suficiente para mover las piezas a favor de la educación superior.
Y aunque ha habido acercamientos entre los rectores, principalmente de las 10 instituciones que enfrentan serios riesgos de viabilidad financiera, y posiciones moderadas, como la de senadora Lucía Virginia Meza Guzmán ( Morena), quien se dice dispuesta a apoyar las demandas de las universidades, hay incertidumbre.
La paradoja: presupuestos insufi cientes
Y mientras en el senado y en la UAdeCohauila las tensiones y las incomprensiones afectan a la educación superior pública, varios rectores reclaman con urgencia recursos adicionales para sus instituciones.
El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa ( UAS) Juan Eulogio Guerra Liera, apunta que las instituciones de educación superior tienen grandes logros, y son un factor de proporcionar educación de calidad en sus estados.
Sin embargo, puntualiza, son impactadas por un presupuesto insuficiente, por lo que se requiere no sólo resolver el cierre de estas 10 instituciones al borde del colapso, sino también plantear políticas públicas que garanticen el funcionamiento normal de cada institución.
Contagiado por esa insistencia de condicionar el gasto, otro punto de acuerdo, pero en la Cámara de Diputados, impulsado por el perredista Carlos Torres Piña, apunta a solventar la crisis que enfrentan estas 10 instituciones, pero al mismo tiempo fiscalizar los fondos y reducir sueldos.
Porque, como lo plantea el legislador, urge regular los recursos porque persisten los funcionarios universitarios que reciben “sueldos bastante ostentosos”.
Sin embargo, el propio rector de la UAS alerta que las universidades están acotadas presupuestalmente para generar e impactar ciencia, tecnología e innovación, lo que se convierte en retos que las universidades tienen que asumir con mucha inteligencia.
“Tenemos años las universidades en México haciendo más con menos y aceptando los objetivos o metas sexenales de mejorar cobertura y calidad ante una reducción impactante del presupuesto y de los apoyos extraordinarios”, dijo.
En ese sentido, el rector comenta que la Federación desapareció la llamada Fórmula Cupia que permitía repartir una bolsa de recursos entre las universidades con mayores indicadores de calidad, y ya no se cuenta con esos recursos.
Ahora, dice, las instituciones tienen un mayor ingreso y una mayor cobertura ante lo cual no se quiere un diploma ni un reconocimiento sino coherencia en el apoyo para la educación pública estatal.
“Esto prende focos rojos como cuando una universidad pública estatal como la nuestra paga aguinaldo y prestaciones al cierre del año con un préstamo a la banca privada, cuando una universidad pública estatal que su objetivo no es el lucro ni las altas cuotas tiene que pedir prestado a un banco privado hay focos rojos en el país”, plantea.
Porque se está coartando, afirma el rector de la UAS, el crecimiento, “se está coartando una democracia plena al negarle a las universidades el tener todo el sustento posible para educar a nuestros jóvenes”.
Piden respaldo
En este escenario, se da la postura del rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ( UABJO), Eduardo Bautista Martínez, quien pidió al Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines ( Cupia) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ( Anuies), respaldan la entrega de recursos adicionales.
Durante la sesión plenaria de Cupia, el rector Bautista le respondió directo a quienes condicionan los recursos y dejó en claro que la ayuda solicitada no implica un “cheque en blanco”.
Detalló que las proyecciones que realizan para el rescate económico de las universidades públicas estatales no son arbitrarias, sino que se han trabajado desde hace meses con las actuales autoridades educativas encabezadas por el Secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, y el Subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez.
“Las estamos compartiendo y calculando en función de necesidades puntuales y de compromisos de saneamiento y austeridad que venimos emprendiendo desde hace tiempo para diferir la situación de insolvencia que tenemos”, comenta.
En eso coincide el rector de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo ( UMSNH), Medardo Serna González, el acompañamiento del Cupia es fundamental para salir adelante, debido a que no se cuenta con el presupuesto oportuno para atender a 580 mil estudiantes en nueve entidades del país
e lo que se trata, a final de cuentas, advierte Bautista Martínez, es que, sin distingo de colores y partidos, se construya un frente común con el Congreso de la Unión para dar viabilidad a las universidades públicas estatales.
Es momento de rescatar a la educación pública del país y conservar la autonomía de las universidades públicas, más allá de la lucha de los partidos políticos, dado que las instituciones educativas “enfrentan crisis comunes, como falta de recursos para el pago de salarios y prestaciones, así como el no reconocimiento de las matrículas estudiantil y laboral”.