Exigen que los recursos lleguen a comunidades
Juan Izquierdo Robles dijo que a pesar de que cuentan con un presupuesto no se ve
Integrantes de comunidades indígenas del Valle de Toluca exigieron a la Legislatura Local que sea reconocida su autonomía y se garantice que los recursos etiquetados para este grupo realmente lleguen a sus pueblos, ya que viven rezagos en materia de salud, de educación, seguridad y servicios básicos.
Con una movilización que reunió alrededor de 50 personas provenientes de distintos municipios como Toluca, Ixtlahuaca, Lerma y Temoaya, a las afueras de la sede del Poder Legislativo, exigieron sus derechos, ya que pese a tener un presupuesto etiquetado, así como instancias estatales dedicadas a la preservación y atención de los grupos étnicos, pocos han sido los resultados en el combate a la pobreza y la mejora de sus condiciones.
Al respecto, jefe supremo otomí de la zona norte de Toluca, Juan Izquierdo Robles, sostuvo que la principal exigencia de este sector es que los recursos económicos lleguen verdaderamente a estas comunidades, porque siguen padeciendo una serie de desigualdades. “Realmente hasta ahorita no nos han tomado en cuenta, tenemos que alzar la voz en este caso, en esta determinación, los recursos que llegan no se ven en nuestras comunidades, aquí se los agencian los representantes, el gobierno municipal y estatal”.
Además insistió que las decisiones sobre la organización y derechos de sus territorios, solo sea competencia de los pueblos originarios, así como su administración y determinación sobre el uso del suelo, aunado a ello, pidieron el respeto de sus usos y costumbres, principalmente en la preservación de sus lenguas. “Conforme a los convenios establecidos por la ONU se establece que el derecho a la autonomía y autogobierno, los pueblos originarios podrán disponer de los medios necesarios para ejercer sus funciones libres, la autonomía que exigimos no es la creación de un Estado solo un trato con igualdad, equidad, justicia y libertad”.
Resaltó que este llamado es para que las autoridades estatales y la Legislatura los tomen en cuenta y en conjunto se diseñen políticas públicas acordes a las necesidades de estas comunidades y que se dejen de lado la imposición y la falta de acuerdos.