Algunas preguntas para Arely Gómez y una fórmula para Raúl Cervantes

Lo que hoy sabemos y lo que no sabemos.

Hoy sabemos que de las entidades gubernamentales mexicanas que tienen el programa Pegasus de espionaje, la PGR lo adquirió en octubre de 2014, se terminó de instalar en marzo de 2015, casi al mismo tiempo que se fue Jesús Murillo Karam. Sabemos que se adquirió para espiar a 500 objetivos simultáneos, que no son pocos, y sabemos, por lo que dice el contrato de compra, que Pegasus cuesta más o menos un millón de pesos por espiado.

Sabemos que en los primeros meses el control de Pegasus lo tuvo el Cenapi, una división de la Agencia de Investigación Criminal, lo cual tiene lógica, pues la AIC brinda servicios policiacos, de investigación, científicos y de inteligencia a las subprocuradurías en el curso de sus averiguaciones.

Sabemos que el contrato de compra, el mantenimiento y la capacitación la hace una empresa mexicana. Sabíamos que la empresa productora del sistema de malware, que es extranjera, ha dicho que solo vende a gobiernos. No sabemos si la empresa mexicana es supervisada por la empresa extranjera, de tal forma que no pueda trabajar en venta, instalación y mantenimiento de manera en que el intermediario nacional cumpla esa regla.

Sabemos que, por razones que no sabemos, la procuradora Arely Gómez decidió, en noviembre de 2015, traspasar la administración y control de Pegasus a su jefe de oficina. Es decir, a su oficina. Y que lo puso en manos de un hombre que ha estado con ella desde hace mucho, el de más confianza.

Como no sabemos por qué tomó esa decisión, las preguntas son: ¿por qué? ¿No tendría que estar Pegasus, en apego a la institucionalidad, en la AIC? ¿No confiaba en la AIC? ¿Quería hacer con Pegasus cosas que solo su hombre de más confianza podía saber?

Al que la vida le debería ser más sencilla es al procurador Cervantes.

Sabemos, por el documento que publicamos en MILENIO el miércoles en la noche, el número de personas capacitadas para operar el sistema y de qué área dependen.

Bastaría hablar con ellas. Ver sus computadoras. Sumar licencias utilizadas, ponerlas contra órdenes judiciales de intervención y voilà!

Si todo suma, la PGR no tiene problema alguno. Si no, pues hay un problema.

Eso, creo, lo podría hacer en dos días. Y contarnos.

Y si la suma sale, entonces podríamos voltear y preguntar a otros. A los que llevan espiando décadas. Que también compraron el sistema.