El otro espionaje
Las actividades delictivas del crimen organizado hacen obligado el uso de medios sofisticados para combatirlo; ha sido común que muchos de los capos detenidos en el pasado reciente hubieran sido ubicados por la comunicación telefónica móvil
Apropósito del epígrafe del artículo de ayer de Liébano Sáenz en MILENIO, es obligado repensar sobre el tema del espionaje ilegal telefónico y digital. De siempre el Estado y el gobierno —que no es lo mismo— han hecho del espionaje un medio para observar a particulares. El derecho a la privacidad se ha visto desde siempre vulnerado, mucho más ahora por la naturaleza de las comunicaciones personales que se han trasladado al mundo digital. Quien habla por un móvil debe dar por hecho que su comunicación está siendo intervenida o grabada.
Las actividades delictivas del crimen organizado hacen obligado el uso de medios sofisticados para combatir al crimen; ha sido común que muchos de los capos detenidos en el pasado reciente hubieran sido ubicados por la comunicación telefónica móvil. Para el Estado el reto es que los instrumentos y medios para combatir a sus enemigos no sean desviados de tal propósito. Esta es una práctica que ha crecido porque las autoridades se han visto obligadas a ampliar su capacidad tecnológica en la lucha contra el crimen y de esta manera se diversifican los objetivos del espionaje, no necesariamente con apego a su propósito legal. No hay control del espionaje institucional porque se hace en el más riguroso secreto, explicable por la naturaleza misma de la tarea.
Las mismas democracias se ven comprometidas cuando se transgrede la legalidad a la que deben estar sometidas las actividades de espionaje. La obligada renuncia del único presidente estadunidense tiene su origen en el espionaje ordenado por él hacia sus adversarios políticos. La relación de EU con sus aliados se ha visto comprometida una vez que ha trascendido la práctica de ese gobierno de escuchas ilegales a los jefes de Estado y gobierno de los países aliados.
En México, el problema es más serio y grave de lo que se ha dicho con motivo del reportaje del The New York Times sobre el uso de un programa para el espionaje en teléfonos móviles. El artículo está orientado a hacer creer que ha sido el gobierno federal el autor de las escuchas a particulares. De inicio se compró como válido el señalamiento de que el programa utilizado para espiar solo era utilizado por autoridades. La realidad es que las escuchas ilegales por particulares se han vuelto parte del paisaje, por lo que es obligado preguntarse sobre la autoría del espionaje referido.
Hay casos emblemáticos de espionaje de particulares, incluso célebre es el de OHL que fue utilizado como medio de extorsión a la empresa y a las autoridades. El escándalo ocurrió precisamente porque no se cedió al extorsionador. El caso está en tribunales, aunque es difícil acreditar la autoría de las ilegales interferencias telefónicas. Lo que sí es evidente es la acción reiterada del extorsionador con la involuntaria complicidad de algunos medios de comunicación y periodistas militantes obsesionados con acreditar la supuesta corrupción del gobierno con la empresa.
Es inaceptable el espionaje a críticos al régimen. El de Carmen Aristegui bien pueden venir de particulares, ya que su agenda y postura crítica han afectado intereses comerciales de importantes empresas, especialmente en el rubro de la comunicación. Incluso, la actividad de escucha a personajes incómodos para el régimen se vuelve un activo de particulares en su relación con el gobierno. Este acervo es un medio útil en su relación con el poder político y se dan casos en los que los particulares están decididos a invertir y a correr los riesgos del espionaje ilegal. La obsesión por conocer las fuentes, vínculos e informantes de periodistas no es exclusiva de las autoridades, los hombres de poder económico y que coexisten con el poder político se hacen funcionales al financiar o emprender dichas actividades.
El espionaje es una industria. Sus recursos provienen del gobierno y también de lo que los particulares contratan e invierten; buena parte de quienes participan de ello son ex funcionarios entrenados y adiestrados que al pasar al sector privado ingresan a un rentable negocio en condiciones mejores a las que tenían en el gobierno. El espionaje también es negocio y no es cierto, como lo señala el proveedor de Pegasus, que solo el gobierno haga uso de su tecnología para el espionaje, tan es así que ellos no tienen manera de restringir el uso solamente a lo previsto en el contrato.
Es preciso que desde las mismas instancias del gobierno se emprenda una investigación exhaustiva sobre lo denunciado por The New
York Times; asimismo, que el Estado, de una vez por todas, emprenda una acción ejemplar para contener la industria del espionaje ilegal por particulares. Por ahora, el uso tiene principalmente objetivos políticos, pero su proliferación no impide que una acción ilegal también tenga objetivos delictivos, como fue el caso del intento frustrado de extorsión a OHL.
Es preciso que desde las mismas instancias gubernamentales se emprenda una investigación exhaustiva sobre lo denunciado por el diario estadunidense