ARTICULISTA INVITADO
El diseño y operación del conjunto de normas no solo no atempera o revierte la polarización del desarrollo y la escasa distribución de la riqueza, sino que en ciertos ámbitos llega a exacerbar la disparidad de la sociedad mexicana
GUILLERMO RAÚL ZEPEDA LECUONA
este costoso y complejo recurso, excluyendo a las personas de menores ingresos). Esta materia ha devenido en una de las ramas más técnicas del derecho, se presenta ante autoridades judiciales federales y suele tener una duración prolongada. En muchos casos se ha degradado al amparo en una tramitología de la suspensión. Es poco accesible (hay 26 causales de improcedencia, mismas que aumentaron al emitirse la nueva ley de la materia en 2013).
De los 379 mil amparos resueltos en los juzgados de distrito del país durante 2014, alrededor de 77 por ciento se declararon como no procedentes (Base de datos de Elisa Franco). En casi 90 por ciento de los casos no se llega a resolver el fondo del asunto: determinar si hubo o no la violación de un Derecho Fundamental. Es decir, el amparo es intensivo en recursos a los que se tiene un acceso muy limitado y asimétrico entre los diversos niveles de ingreso de la sociedad: dinero, tiempo y asesoría técnico-jurídica.
La espiral de violencia e impunidad que asola a México desde hace una década también está asociada a la desigualdad. Las tasas de vulnerabilidad, victimización y, particularmente, de multivictimización son más altas entre más por debajo del nivel de ingresos se encuentren las personas: “un aumento de un punto porcentual en el Coeficiente de Gini a escala municipal se asocia con un aumento de cinco muertes por cada 100 mil habitantes. Más aún, cuando se desagrega el efecto de la desigualdad entre distintos tipos de crímenes, se encuentra que el efecto es mucho más alto para aquéllos relacionados con el narcotráfico (un aumento de 10 homicidios de este tipo por cada 100 mil habitantes)” (Esquivel, 2015: 35).
El artículo propone un marco conceptual para el análisis del impacto del sistema jurídico en la desigualdad y propone una agenda de investigación y de transformación institucional para estrechar la brecha entre el diagnóstico actual y la situación de un sistema jurídico ideal: salvaguardar los derechos al menor costo posible, establecer un sistema adecuado de pesos y contrapesos para la operación de los poderes públicos.m