Obliga SAT a informar por actividad vulnerable
ASilvia Rodríguez/México l 31 de mayo de 2017 y después de cuatro años de la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ley antilavado), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tenía identificados 64 mil 468 sujetos obligados a presentar información por actividades vulnerables, las cuales ascienden a 72 mil 647.
En un taller para medios, el administrador central de asuntos jurídicos de actividades vulnerables, Raúl Díaz, señaló que de esos poco más de 64 mil sujetos, se tienen detectados 60 casos de indicios de lavado de dinero, pero aclaró que no es competencia del SAT determinar si efectivamente están relacionados con un delito.
Detalló que del ciento por ciento de los sujetos obligados a presentar información (personas físicas y morales) 28 por ciento (18 mil 51) corresponde a casos de omisión (que no ha cumplido con la información); de este porcentaje, 92 por ciento está en acciones de vigilancia (16 mil 606).
Entre las actividades consideradas vulnerables se encuentran juegos y sorteos, préstamos o créditos sin garantía, servicios inmobiliarios, comercialización de joyas y relojes, subastas de obras de arte, transporte y custodia de valores, tarjetas pre pagadas y cupones, entre otros.
El funcionario del SAT explicó que las personas físicas y morales que realicen actividades consideradas como vulnerables tienen la obligación reportar su información, pues de lo contrario se harán acreedores a multas que van desde 15 mil pesos hasta casi 5 millones de pesos.
Sin tener una cifra exacta, Raúl Díaz indicó que las multas que se han impuesto a empresas y personas físicas por no dar a conocer la información que la ley solicita han sido “millonarias”, pero resaltó que la obligación del SAT no es perseguir, sino dar información para que las
La clasificación incluye más de 72 mil actividades, y 60 casos con indicios de de dienro
autoridades competentes (PGR, Unidad de Inteligencia Financiera) determinen si se debe perseguir una acción judicial, por lo que su accionar es solamente “preventivo”.
La ley antilavado tiene su origen en las políticas y acciones determinadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional creado en 1989 por el G-7 y al cual México se incorporó en 2000.