EN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
Pide SEP investigar a fondo denuncia por presunto desfalco
Ante el anuncio de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) sobre un mal manejo de recursos dentro del programa federal de Escuelas de Tiempo Completo, el delegado de la Secretaría de Educación Pública en Hidalgo, Raimundo Ordóñez Meneses, consideró que no se puede hablar de un desfalco de recursos hasta que se tenga una investigación que compruebe que se trata de un desfalco.
Reconoció que hasta no tener una definición oficial de esta situación, en la que se pueda comprobar que alguien realizó un mal manejo, no se puede comprobar un desfalco a este programa federal; asimismo señaló que “pudiera haber alguna anomalía o alguna deficiencia en las cuestiones o el proceso administrativo, es normal que esa situación se pueda dar, pero mi posicionamiento firme es que hasta que no exista una investigación adecuada o haber un señalamiento específico, no podría hablar en ese sentido de un desfalco”.
Asimismo refirió que debe ser una autoridad judicial la que determine si es que existió este desfalco por más de 600 millones que acusó la SEPH, ya que como delegado de la SEP no tiene facultad para determinar si esta situación existe o no dentro del estado, “yo no podría hablar de un desfalco porque no soy autoridad competente para determinar que existió en ese sentido esa circunstancia, le corresponde a una autoridad judicial poderlo llevar a cabo; la Auditoría Superior de la Federación, evidentemente el área de Contraloría, tanto de la SEPH como del estado, son quienes pueden determinarlo”.
Señaló que al momento solo se puede esperar y trabajar en el elemento del derecho que es la presunción de la culpabilidad o el presunto culpable, “y se pudiera decir que existiera, en ese sentido, pueden ser cuestiones administrativas que se pudieron haber dado”.
Detalló que se tiene que llevar a cabo una investigación extensa para determinar si es que existió este desfalco en los recursos de este programa de carácter federal y así hacer una revisión para determinar la situación de cada uno de los planteles donde se aplica este programa y ver en cuántas de ellas se pueden tener irregularidades, “y sobre eso ya podría haber un posicionamiento oficial de esta situación”.