Investigarán 4 casos de trata de personas
Las denuncias se han presentado en los municipios de Ixmiquilpan, Pachuca y Tula; descartan la presencia de organizaciones
La fiscal especializada en la atención de delitos de trata de personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Yolanda Samperio Delgadillo, informó que en lo que va del año se han iniciado cuatro carpetas de investigación por el delito de trata.
En el marco de la campaña contra la trata de personas desplegada ayer en la Central de Autobuses, indicó que los casos de trata se han presentado en los municipios de Ixmiquilpan, Pachuca y Tula. “Tenemos una por incompetencia, tenemos una en etapa intermedia que ya se vinculó a juicio y tenemos dos en integración para que en un momento dado si tenemos los elementos de prueba poder vincularla a proceso”, sostuvo.
Afirmó que en Hidalgo no tienen conocimiento de bandas dedicas a la trata de personas y apuntó que los cuatro casos de trata atendidos este año en la entidad han sido delitos cometidos por las mamás y las parejas de las víctimas. “En las carpetas tenemos que son las mamás y en los otros dos son las parejas quienes han causado este delito; entre las víctimas están dos menores de edad y dos mujeres adultas”, explicó.
Recordó que en el 2016, la Fiscalía a su cargo inició siete carpetas de investigación por el delito de trata. Samperio Delgadillo aseguró que Hidalgo está considerado como un estado con bajos índices de trata de personas.
Samperio Delgadillo mencionó que en caso de presentarse la trata de personas, las denuncias pueden ser anónimas o interpuestas por algún familiar y en su caso directamente por la víctima. “Nosotros estamos puestos a platicarlo, escucharlos y poderlos asesorar, y si estuviéramos ante una víctima de trata, la víctima tiene derechos”. La funcionaria estatal comentó que las personas pueden denunciar este delito al número telefónico 771 71 79 000 extensión 9513.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos de Trata de Personas, esta acción es un delito en el que se anulan los derechos humanos y dignidad de las víctimas al ser consideras “objeto” que puede ser comercializado.
Es una actividad ilícita, precisa la dependencia estatal, cuya finalidad es atraer una persona mediante engaños, violencia o promesas con fines de explotación. De acuerdo con la Fiscalía, la explicación puede presentarse en distintos ámbitos con el sexual, los trabajos y servicios forzados, mendicidad y los matrimonios serviles.