Milenio Hidalgo

UNAM asignará más espacios

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LEugenia Jiménez/México a UNAM reconoció que hubo error en los resultados del examen de 11 mil 51 aspirantes para su ingreso a bachillera­to, por lo que se comprometi­ó a revisar y asignar lugares a quienes alcancen el puntaje requerido.

En un comunicado, la universida­d aceptó que al hacer la revisión de los resultados “especialis­tas de la UNAM detectaron un desfase entre algunas de las plantillas de Revelan que 63.8% de los detenidos denunció agresiones durante el arresto. fines de la seguridad pública. Se trata, además, de una práctica contraria a la idea mínima de dignidad humana y en tal sentido es contraria a la esencia del Estado democrátic­o.

En su esfuerzo por contribuir a la erradicaci­ón de esta práctica, la Suprema Corte ha emitido criterios que recogen los lineamient­os internacio­nales y que buscan dar efectivida­d a su prohibició­n. Así, se ha adoptado una definición amplia que considera a la tortura como las afectacion­es físicas o mentales graves infligidas intenciona­lmente con un propósito determinad­o: obtener una confesión o informació­n, castigar o intimidar, menoscabar la personalid­ad o la integridad física y mental de la persona.

Particular­mente, se ha establecid­o que la violación sexual puede constituir tortura aun cuando consista en un solo hecho u ocurra fuera de instalacio­nes estatales. La violación sexual es una forma paradigmát­ica de violencia contra las mujeres, por lo que su existencia debe considerar­se con perspectiv­a de género.

De igual manera, se ha señalado que todas las autoridade­s que tengan conocimien­to de la manifestac­ión de que una persona ha sufrido tortura o que tengan datos de la misma, tienen la obligación de dar aviso a la autoridad ministeria­l para efectos de que exista una investigac­ión preguntas y la hoja de respuestas”.

El desfase, explicó, “se tiene ya plenamente detectado y acotado, registró un impacto en el examen de 11 mil 51 aspirantes no asignados. Sobre estos casos se lleva a cabo ya una nueva revisión”.

Al concluir esa revisión, la Comisión Metropolit­ana de Institucio­nes Públicas de Educación Media Superior (Comipems) “emitirá los nuevos resultados a la brevedad, con plena transparen­cia y bajo la certificac­ión de un notario público diligente, efectiva e imparcial, en la que la carga de la prueba correspond­e a las autoridade­s y no a quien la invoca.

Si la noticia de tortura surge dentro de algún proceso penal, el juez debe por si mismo verificar su veracidad y si omite investigar los actos de tortura alegados por los procesados, se produce una violación al procedimie­nto que amerita su reposición con la finalidad de realizar la investigac­ión respectiva. En caso de probarse que hubo tortura, se debe excluir toda prueba que haya sido obtenida directamen­te de la misma o que derive de ella, lo cual comprende declaracio­nes, confesione­s y toda clase de informació­n incriminat­oria.

El uso generaliza­do de la tortura y el abuso de la prisión preventiva hacen del sistema de impartició­n de justicia una simulación de la que las principale­s víctimas, como siempre, son las personas más vulnerable­s de nuestra sociedad. Un sistema de justicia en el que el uso de la tortura no sea definitiva­mente desterrado no es digno de llevar ese nombre. Es fundamenta­l que en la operativid­ad del Nuevo Sistema de Justicia Penal la abolición de la tortura sea una política pública inequívoca, con la que todos los órganos del Estado estén comprometi­dos. y de los órganos de auditoría”.

La UNAM se comprometi­ó a hacer una nueva asignación de lugares a aquellos alumnos que hayan alcanzado el puntaje requerido para ingresar a uno de sus planteles y aclaró que los 33 mil 218 aspirantes ya aceptados tienen asegurado su lugar.

La UNAM ofreció una disculpa “a los aspirantes y sus familiares que sufrieron una afectación por esta lamentable situación”.

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