La lejana fiscalía general
Lo sucedido en las últimas semanas respecto a la Fiscalía General de la República y su futuro titular debe dar tiempo a gobierno, legisladores, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas del país para volver a analizar lo que será el cambio más importante en décadas del régimen político mexicano.
La prisa priista por dejar a Raúl Cervantes era una mala idea.
Ahora hay tiempo. Lo que también debe haber es el convencimiento de que la institución que desaparecerá era un absoluto desastre.
La iniciativa enviada por los colectivos Vamos por Más y Una Fiscalía que Sirva apunta con algunos números la magnitud.
Según la propia PGR, del 24 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2016 se iniciaron 63 mil 59 carpetas de investigación.
“Más del 65% de los asuntos que ha cono- cido la PGR en ese lapso se encuentran sin determinar, es decir, que no tienen decisión conclusiva alguna. Si a lo anterior sumamos los 9,857 casos que fueron determinados como archivo temporal, tenemos que más del 81% de los expedientes no están resueltos.
“Ahora bien, de los asuntos determinados, en 114 casos se ejerció la facultad de abstenerse de investigar y en 8,380 se emitió acuerdo de no ejercicio de la acción penal, lo cual suma 13.5% del total.
“Lo anterior significa que se ha promovido alguna forma activa de procuración de justicia —mecanismos alternos de solución de controversias, suspensión condicional del procedimiento, procedimiento abreviado, criterios de oportunidad o juicio oral— solamente en 3,377 asuntos, equivalentes al 5.36% del total de carpetas de investigación iniciadas en más de dos años”.
Esta es la procuraduría de la que Enrique Ochoa, líder del PRI, dijo que había hecho un extraordinario trabajo.
Pues no. Ese es el retrato de una institución devastada, rebasada, ineficiente, que no sirve.
La iniciativa de reforma constitucional del 102 presentada la semana pasada es solo un primer paso. Falta lo más importante: la ley orgánica que definirá cómo trabajará la nueva fiscalía y otras leyes secundarias. El CIDE y la UNAM llevan muchos meses trabajando con Raúl Cervantes esta propuesta. Habrá otras.
Mal harían los legisladores, por obtener una medalla política, acelerar una reforma a la PGR. No. Eso ya no sirve. Es hora de construir una nueva institución. Si se hace bien, el nombre de su titular podría terminar siendo lo menos importante.