Las últimas rescatadas
Reina Dávila trabajaba como intendente del colegio Rébsamen que colapsó el 19 de septiembre. Su esposo, Gregorio Mosqueda Chávez, esperó cinco días a que la rescataran con vida. La mayoría de los que se encontraban en la zona se concentró en rescatar a Frida Sofía sin que ningún familiar solicitara su búsqueda. El cuerpo de Reina fue entregado hasta el 24 de septiembre. En el edificio de Saratoga 714 de la colonia Portales, el cuerpo de la trabajadora del hogar Candelaria Tobilla fue entregado a su hermano en similares circunstancias.
La pérdida de estas dos mujeres podría revelar negligencia de autoridades. Quizá los datos que arroje la investigación que hará la CNDH nos darán luz al respecto. Por lo pronto tenemos una responsabilidad social en la invisibilidad de trabajadores y trabajadoras de intendencia y del hogar. La mayoría de ellas, a diferencia de otros empleados en nuestro país, no está en un registro oficial que demuestre la existencia de una relación laboral. Hemos visto que esta invisibilidad en situaciones críticas pone en riesgo su vida y en la cotidianidad violenta sus derechos.
Un ejemplo ilustrativo es el caso de la ex trabajadora del hogar que fue empleada del diputado Federico Döring Casar. Después de 15 años fue despedida injustificadamente y sin liquidación. Ella argumenta que trabajó de mayo de 2002 hasta enero de 2017 en los cinco domicilios donde radicaron el diputado y su esposa. Döring Casar no se ha presentado a comparecer y en su defensa el despacho Hegewisch López asegura que, en tanto niegue cualquier relación laboral con la trabajadora, queda exento de responder en forma particularizada sobre los hechos en los que se funda la demanda. Además, piden que la trabajadora presente comprobante de registro del Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se reconozca al diputado o su esposa como patrones.
No hay ingenuidad en la carga de la prueba. Quien conoce la Ley Federal del Trabajo sabe la indefensión en la que se encuentran las trabajadoras domésticas en tanto no hay obligación de registrarlas y otorgarles seguridad social.
Entre los rescates pendientes tenemos uno que cambiaría la vida de más de 2 millones de trabajadoras del hogar: incorporar a la ley la obligatoriedad de que el patrón las registre ante el IMSS y que ambas partes firmen un contrato. ¿Cuánto tiempo más se negarán los legisladores a garantizar los derechos de quienes han sido invisibilizadas?