RECIBE BÉLGICA LA ORDEN DE ARRESTO
Puigdemont quiere ser candidato desde el extranjero
El ex presidente del gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont alentó un movimiento de “insurrección activa” y promovió “actos, manifestaciones y proclamas abonando en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación para Cataluña”, según la juez española que ordenó su detención.
Así lo expone la magistrada Carmen Lamela en el auto de detención y de ingreso en prisión que dictó contra él y los cuatro ex consejeros que están en Bruselas, Bélgica, por los supuestos delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia.
Puigdemont hizo “nacer en la sociedad la creencia de la legitimidad de las actuaciones en contra del poder constituido para defender ese inexistente e inconstitucional derecho de autodeterminación”, relata la juez al explicar su “frontal” desobediencia a las resoluciones judiciales.
A su juicio, impulsó los llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización popular o ciudadana “como medio intimidatorio y violento” para conseguir “el fin secesionista de manera coactiva”.
También cree la juez que Puigdemont “planificó, organizó y financió con fondos públicos la convocatoria y celebración del referendo” independentista ilegal del 1 de octubre, donde 90% de los consultados votó por la secesión, aunque la participación del patrón fue de apenas 43%.
“No tenemos prisa”
Fiscales federales de Bélgica confirmaron ayer, a través de su vocero Eric Van der Sijpt, que recibieron la orden europea de arresto contra Puigdemont.
“La estudiaremos y la pondremos en las manos de un juez investigador. Eso podría ocurrir mañana, al día siguiente o incluso el lunes”, agregó Van Der Sijpt. “No tenemos prisa”.
El ministro belga de Justicia, Koen Geens, dijo ayer que el procedimiento abierto con la orden de arresto es “completamente judicial” sin participación del Ejecutivo.
En un comunicado divulgado en su cuenta de Twitter, Geens explica que la extradición ya no existe entre los Estados miembros de la Unión Europea, dado que se sustituye por la “orden de detención europea (EAW)”, que se aplica desde 2004.
El ministro de Justicia belga afirma que, en principio, la decisión sobre la ejecución de la orden es adoptada por la Sala del Consejo en un plazo de 15 días, y tanto la fiscalía como la persona involucrada pueden apelar la decisión ante la División de Acusación, que tiene otros 15 días para tomar su decisión.
Por ello, añade, una decisión se toma en principio en segunda instancia dentro de los 30 días, aunque un recurso de casación todavía es posible, lo que puede alargar el tiempo.
La decisión marco de la UE establece que la determinación final debe tomarse dentro de 60 días, extendidos a 90 en circunstancias excepcionales, subraya el ministro.
La justicia española dictó este jueves prisión provisional para ocho miembros del destituido gobierno de Cataluña que habían permanecido en el país, imputados de sedición y rebelión por su papel en la tentativa independentista. Entre ellos se encuentra el ex viceprecidente Oriol Junquras.m