La crisis del consenso
En un estudio de 18 países, México muestra más deterioro en el último año sobre el apoyo de la sociedad a la democracia; si los datos se hubieran levantado luego de los sismos, los resultados no hubieran sido tan dramáticos
El Informe Latinobarómetro 2017 nos dice que algo muy malo sucede con el consenso al arreglo democrático y político actual. Los niveles de insatisfacción social con lo que existe —instituciones democráticas y gobiernos— es creciente y preocupante, especialmente porque se hace presente a pesar del avance que ha tenido la economía en la región. En el estudio de 18 países, México es el que más deterioro muestra en el último año sobre el apoyo de la sociedad a la democracia.
Si el levantamiento de datos se hubiera realizado ya acontecidos los sismos, seguramente los resultados para México no hubieran sido tan dramáticos. En septiembre, por este ánimo renovado que surgió de la tragedia, hay un punto de quiebre en la sociedad, una especie de reencuentro con nosotros mismos, aunque persiste el descontento y la impresión de que las reglas no son funcionales para la mayoría. El informe ratifica que el eslabón débil de la democracia son los partidos y los políticos; y que los dos grandes problemas que generan desencanto son la inseguridad y la corrupción.
La insatisfacción con la democracia es equivalente a la realidad de ésta, es decir, no se mide si las personas desean en lugar de éste arreglo otro de carácter no democrático o autoritario; lo que se juzga es la expresión de la democracia como existe y se practica. Toda vez que la crisis es una tendencia regional, quizá de lo que se esté hablando es de las dificultades del régimen presidencial para generar consenso en sus instituciones y gobernantes.
Un tema que apunta a la crisis de consenso sobre el régimen, particularmente en México, es la respuesta de que si se gobierna para unos cuantos poderosos o si se hace para todo el pueblo. En el reporte, el promedio para la región es de 75% de quienes creen que se gobierna para el grupo de los poderosos y en México la cifra se eleva a 90%, solo superada por Brasil.
La situación no deja de ser una paradoja, toda vez que en muchos países el cuestionamiento y la impugnación se origina en gobiernos de orientación de izquierda o popular. De hecho, la alternancia observada en muchos países es el arribo de proyectos de derecha, resultado de la imagen de corrupción y de autoridades al servicio de un grupo poderoso en los grandes países del continente como son Brasil, Argentina y, al parecer, próximamente Chile, con el eventual regreso de Sebastián Piñera a la Presidencia.
El déficit de confianza no solo se refiere a lo público, también implica a otras instituciones como la Iglesia. El valor de confianza para la Iglesia en la región es de 65%, en México es de 58%. Por su parte, se sabe que el combate al narcotráfico en México ha significado un costo elevado para las fuerzas armadas; sin embargo, en la región éstas tienen una confianza de 46% y en el país tienen 51%.
Una llamada de atención reiterada es el bajo aprecio que tienen las policías en la región que es de 35%; sin embargo, en México obtuvo la cifra más baja que es de 21%. Es urgente una
Los dos grandes problemas que generan desencanto son la inseguridad y la corrupción
respuesta estructural al respecto. A contrapelo, los datos sobre confianza del Tribunal Electoral, el Congreso y el Poder Judicial están en el promedio regional, aunque bajos, respecto a otras instituciones.
Capítulo aparte, junto con el descrédito de las policías, es el de los partidos políticos. En los 18 países la confianza en ellos es de 15% y en México es de apenas 9%, que no representa siquiera la suma de los electores leales de los partidos, que ronda el orden de 30%.
En materia de corrupción, los mexicanos la advierten como uno de los grandes problemas; en los casos de soborno 47% piensa es posible hacerlo con policía, 33% con un Juez y 51% con un funcionario de gobierno. Los datos para la región son 37%, 31% y 32%, respectivamente.
En cuanto a los espacios de corrupción en escala de 0 a 10, la referencia al gobierno es de 8 en México, respecto a 7.5 en la región; en las municipalidades 7.9 en el país y 7.4 en la región; Congreso 7.9 y 7.4, respectivamente; sindicatos 7.4 y 7.1; tribunales de justicia 7.9 y 7.4; grandes empresas 7.4 y 7.1.
En relación con los problemas más grandes que hay en el país, los resultados son delincuencia 28% en México y en el promedio regional 20%; situación política 16% México y 8% en los 17 países restantes; corrupción 13% y 10%, respectivamente; economia y dsempleo, 15% en México y en la región 23.
La numeralia del reporte es un ejercicio útil para entender nuestro tiempo y los problemas que generan la crisis del consenso y, por lo mismo, el deterioro de la confianza en las autoridades y en las instituciones. Como señala el reporte, a pesar de que le economía ha dado muestras de una evolución positiva y que en el caso de México han desaparecido del horizonte la recurrencia de crisis o colapsos financieros o económicos, el consenso no solo es precario, sino que va en creciente detrimento.
Los datos son reveladores respecto a tres problemas que es preciso encarar: inseguridad, corrupción y crisis de representación política, especialmente los partidos. Quizá para algunos la dificultad que encaran gobiernos, legisladores e instituciones políticas es consecuencia de los dos primeros temas. Sin embargo, los datos sugieren que más allá del imaginario social, las instituciones y quienes las encabezan han perdido capacidad de respuesta para hacer frente a la expectativa pública sobre dos aspectos fundamentales: proveer seguridad y mejorar la calidad de gobierno.
El país se encamina a la renovación de los tres poderes y prácticamente de todas las municipalidades, además de nueve ejecutivos locales. La retórica propia de las campañas postula soluciones fáciles, sobre todo aquella muy presente en las ofertas electorales de corte populista, que hace creer que es solo materia de voluntad resolver los problemas. En parte es el caso, solo en parte, y lo que sí es evidente es que un cambio será posible solo en la medida en que todos se involucren en la solución, en presentar nuevas condiciones de liderazgo y en generar un buen gobierno. Mejorar los indicadores económicos ya no es suficiente, sino que tenemos el reto de acreditar el democrático y el consenso social en sus instituciones.