Procuración de justicia. Reto del próximo Presidente Mexicano

Tuve el placer de recibir una interesante investigación denominada: índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías, la cual fue realizada por el Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, doctor en derecho; en dicha investigación se toca un tema neurálgico en la agenda nacional: la procuración de justicia penal en las 32 entidades federativas de México. Tema preocupante para todos los mexicanos, inclusive, tan delicado que en diferentes foros internacionales se ha declarado a México como el país más peligroso del mundo, inclusive por arriba de países como Siria o Afganistán.

En la investigación de referencia se argumenta la necesidad de dar seguimiento a la operación del sistema acusatorio, para lograr la descongestión del sistema penal y con ello lograr, -dice el investigador-, focalizar la mayor parte de los recursos en la investigación y sanción de los delitos de mayor impacto.

Existen algunos datos interesantes en la investigación, la cual con base en el Censo Nacional de Procuración de Justicia de INEGI 2016, se afirma que en el 2015 se iniciaron 791,826 carpetas de investigación de competencia local en el país, de las cuales apenas sólo el 6.3 por ciento de los asuntos ingresados a las procuradurías llegaron a los jueces.

Se detecta una fuerte dispersión en el indicador de ministerios públicos (MP), por cada 100,000 habitantes, en el caso de estados como Chihuahua se tienen 23.7 Ministerios Públicos; en contraste Hidalgo tiene 6.3 y Sonora 2.3 por cada cien mil habitantes.

Con base en lo anterior, Chihuahua y la Ciudad de México se encuentran entre los primeros lugares por presupuesto per cápita asignado, en contraste, otros estados como Puebla, Jalisco, Guerrero y Estado de México, tienen comparativamente pocos recursos asignados. Hidalgo se ubica en el lugar 23.

Otra variable interesante de la investigación, y con base en datos de INEGI, fue detectar la percepción de efectividad en las investigaciones criminales. Destaca en primer lugar el estado de Nayarit, que casi cuadruplica la efectividad del segundo lugar en el indicador (San Luis Potosí). Además, su efectividad descansa sobre todo en asuntos en los que se presentan a los tribunales delito que perseguir y un probable responsable. En Nayarit el 70 por ciento de las averiguaciones previas concluyó con el ejercicio de la acción penal; en contraste, la media nacional es únicamente del 6.6 por ciento. Mucha diferencia entre el primero y el resto.

San Luis Potosí, Chiapas, Sonora, Colima y Coahuila son los estados que destacan en las averiguaciones previas efectivamente concluidas, con más de 19 por ciento, más de la mitad de esos casos fueron resueltos a través de la acción penal contra un probable responsable. Para el autor de la investigación de referencia, una tasa de resolución efectiva deseable debe oscilar entre 60 y 75% de los asuntos ingresados. Otro indicador en la evaluación fue la labor de las procuradurías, particularmente, el porcentaje de órdenes de aprehensión, la cual fue del 45 por ciento.

Destacable lo hecho por la policía ministerial en estados como Baja California, Chihuahua y Nuevo León, los cuales además de resolver un número significativo de sus investigaciones, lograron generar un alto porcentaje de órdenes judiciales.

Matizar que la confianza en los ministerios públicos es bajísima, es el caso del estado de Aguascalientes, el cual obtuvo un 20.1 por ciento; usted pensará, y en el caso de los otros estados, bueno déjeme decirle que el dato de Aguascalientes es el más alto en todo el país.

Datos reveladores de la investigación fue el caso de los estados que presentan altas tasa de denuncia, pero además mayor efectividad en el esclarecimiento de los delitos, es el caso de Nayarit, Coahuila, Nuevo León y Guanajuato. Bajo esa lógica, Nayarit aparece como el estado con mayor probabilidad de esclarecimiento y uno de los más efectivos en la resolución de investigaciones (el primer lugar en el sistema tradicional y el tercero en el sistema acusatorio).

Estamos acostumbrados decir que el estado de Yucatán es uno de los más seguros, sin embargo, su tasa de denuncia es muy superior a la media nacional, y presenta una baja tasa de esclarecimiento.

Concretamente, el autor argumenta que en términos generales es claro que los estados que dedican más recursos, y que están desarrollando el potencial de la justicia alternativa, de las buenas prácticas y modelos de gestión que les permiten mayor capacidad de esclarecimiento, presentan un desempeño sobresaliente. Entre estos estados se encuentran: Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato y Baja California. En esos cuatro estados se concentra la mayor parte de las buenas prácticas para desarrollar el potencial y alcanzar los objetivos del Sistema Judicial Penal Acusatorio; sin embargo, el próximo Presidente de la República tendrá un largo camino que recorrer.