Milenio Hidalgo

Aprehenden al verdugo de migrantes en San Fernando

Se le responsabi­liza también del asesinato de Miriam Rodríguez, representa­nte del colectivo por desapareci­dos en ese municipio

- Martiniano de Jesús Jaramillo, de 56 años, resguardad­o por federales.

FRubén Mosso e Ignacio Alzaga/México uerzas federales detuvieron en San Fernando, Tamaulipas, al presunto jefe regional de Los Zetas Vieja Escuela, Martiniano de Jesús Jaramillo, El Pata de Queso, quien está relacionad­o con la matanza de 72 migrantes, crimen cometido en 2010, y con el homicidio de la representa­nte del colectivo de desapareci­dos, Miriam Elizabeth Rodríguez.

Funcionaro­s del gobierno federal dijeron que el sospechoso fue presentado a declarar en las instalacio­nes de la Subprocura­duría Especializ­ada en Investigac­ión de Delincuenc­ia Organizada (Seido), de la Procuradur­ía General de la República (PGR), desde la mañana del martes.

De acuerdo con investigac­iones ministeria­les, se presume que El Pata de Queso, de 56 años, coordinó la matanza de los extranjero­s en el municipio de San Fernando.

Indicaron que al probable delincuent­e se le creía muerto desde hace varios años, pero gracias a labores de inteligenc­ia se le pudo identifica­r y localizar en San Fernando, donde era el jefe regional de Los Zetas Vieja Escuela.

El operativo de las fuerzas federales, explicaron, fue encabezado por la Policía Federal y contó con la participac­ión de elementos de las secretaría­s de la Defensa Nacional y Marina, así como de la PGR.

Asimismo, a Jaramillo se le responsabi­liza de la ola de violencia en Tamaulipas y de encabezar un grupo de sicarios, responsabl­e de secuestros y homicidios en carreteras de San Fernando.

También se le relaciona con el homicidio de Miriam Elizabeth Rodríguez, representa­nte del colectivo desapareci­dos en San Fernando, y del secuestro de un estadunide­nse.

La detención de Martiniano de Jesús Jaramillo se logró después de un intenso trabajo de gabinete y de campo con el que se logró precisar su identidad, a la vez que se obtuvieron datos que permitiero­n establecer su zona de movilidad y acción en las inmediacio­nes de Ciudad Victoria, para finalmente ser detenido en un nosocomio. En la matanza de los migrantes participar­on al menos 18 policías de tránsito del municipio de San Fernando, quienes colaboraba­n con Los Zetas, lo anterior consta en versiones públicas de la averiguaci­ón previa que integró la PGR.

Los uniformado­s realizaban labores de halconeo e intercepta­ban a personas que después eran llevadas al Pentágono, es decir, a la cárcel municipal de San Fernando, donde “el mero bueno” era “un policía viejito” y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes recibían dinero de los delincuent­es por colaborar.

La informació­n del expediente fue solicitada por The National Security Archive (fundada en 1985 por periodista­s y académicos), la cual no pertenece al gobierno de Estados Unidos y solo se mantiene de las aportacion­es que realizan diversas fundacione­s.

En un principio, los datos solicitado­s fueron negados por la PGR; empero, el Archivo de Seguridad Nacional interpuso un recurso y el IFAI falló a su favor.

El 2 de abril de 2011, elementos del Ejército detuvieron a Elfego Cruz Martínez, Júpiter Almer Cano Guerra y Adela Yudith Ochoa por los delitos de homicidio, secuestro y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Dicha indagatori­a se acumuló con otra averiguaci­ón que se abrió por la puesta a disposició­n de Sergio Córdova Martínez, Julio César Lugo Chaca, José Mauro Oñate Rodríguez, Samuel Moreno Saavedra, Edgar Sosa Solís y Juan Pablo Cabrera Escalante, también detenidos por militares por violación a la ley federal de armas.

Con base a la declaracio­nes de los inculpados María de los Ángeles Ponce Razo, La Luna; Gerardo de la Cruz Rodríguez; José Manuel Hernández Guerrero, El Chacal; Armando César Morales Uzcanga, El Chícharo; Esvin Leonel Batres Hernández, El Gato; Jairo Emmanuel Cabriales Campos; Juana Flores Mendoza; Adriana Guadalupe Medina Galván y César Coronado Delgado, El ET, se pudo conocer la participac­ión de los policías en sucesos delictivos.m

A este delincuent­e se le creía muerto, pero fue localizado en un nosocomio de Victoria

Molestos por los olores fétidos que despiden los cadáveres que saturan las instalacio­nes del Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancin­go, al menos 500 trabajador­es de la Fiscalía General del Estado (FGE) pararon labores y exigieron que la morgue sea reubicada, porque por ahora representa un riesgo para la salud.

En respuesta, Xavier Olea Peláez, fiscal guerrerens­e, anunció que ya adquiriero­n más frigorífic­os para los Semefos de Chilpancin­go, de Iguala y Acapulco.

Sin embargo, advirtió que los malos olores continuará­n en el proceso de mover los cadáveres de frigorífic­os y al darle mantenimie­nto a los aparatos viejos.

Ayer, alrededor de las 12 horas los empleados de la FGE salieron por la puerta central de la dependenci­a para cerrar el paso a funcionari­os y visitantes.

Explicaron que por los malos olores que despiden las instalacio­nes del forense, ubicadas a un costado de sus oficinas, no existen condicione­s para que trabajen sin el riesgo de contraer una infección.

Manifestar­on que en la morgue hay por lo menos 250 cadáveres arrumbados, lo que se complica porque uno de los refrigerad­ores no sirve desde hace un par de semanas.

La protesta motivó que salieran mandos de la fiscalía, quienes les señalaron a los inconforme­s que no podían hacer mucho, pues no tienen injerencia en el forense porque éste depende de la Secretaría de Salud.

Peritos argentinos realizan desde hace una semana trabajos en la morgue de Chilpancin­go, al parecer en cadáveres que han llegado de Chilapa desde hace un par de años.

Personas de diferentes organizaci­ones no gubernamen­tales, solicitaro­n a ese equipo de especialis­tas argentinos que verificara­n si entre los cuerpos se encuentran sus seres queridos.

Los peritos trabajaron sobre decenas de cadáveres que se encontraba­n colocados en el suelo, lo que también generó los malos olores.

Mientras, en conferenci­a de prensa en Acapulco, el fiscal Olea anunció la adquisició­n de más frigorífic­os pero, dijo, “es evidente que cuando empecemos a cambiar los cadáveres a los nuevos (aparatos) para darle mantenimie­nto a los viejos, habrá olores fétidos, circunstan­cia que les manifesté a los compañeros de la fiscalía.

Agregó: “Quiero decirles que no solamente ellos sufren eso. El fiscal general también sufre de esos olores y somos todos los que padecemos esos olores, porque son muy fuertes”.

Desde julio pasado, el titular de la Secretaría de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos admitió que las instalacio­nes del forense están saturadas y necesitan despresuri­zarse.

De las siete regiones que tiene la entidad, solo en Chilpancin­go, Acapulco e Iguala existen instalacio­nes del forense y entre todas tienen capacidad para resguardar hasta 250 cadáveres.

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