Milenio Hidalgo

Récord de la Corte en cese y consignaci­ón de autoridade­s

Ninguno de los imputados por desacato de sentencias ha sido detenido por la Procuradur­ía

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ERubén Mosso/México l desacato de sentencias es un tema prioritari­o para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual revisa los casos que se le presentan, con el objetivo de poner un alto a las autoridade­s que por años evitan indemnizar o reinstalar en sus cargos a ex servidores públicos o pagar los daños causados a ciudadanos.

La semana pasada, la Corte emitió decisiones sin precedente­s, porque ordenó la destitució­n y consignaci­ón de 38 servidores públicos de tres estados, y la consignaci­ón de 25 ex funcionari­os de las mismas entidades.

Los servidores públicos que están en activo serán notificado­s por las áreas jurídicas de sus localidade­s de la decisión del Pleno, éste último que notificará a los congresos estatales para que designen a nuevas autoridade­s.

Hasta el momento, los funcionari­os que se mandó destituir y que deben ser consignado­s ante un juez federal no han sido detenidos por la Procuradur­ía General de la República.

Antes de la decisión histórica, la Suprema Corte solo había ordenado la destitució­n y consignaci­ón de 18 funcionari­os en 20 años.

Por incumplir una sentencia Los ministros sesionaron la semana pasada. de amparo, la ley castiga con cinco a diez años de prisión, o de cinco a diez años de inhabilita­ción para ejercer cualquier cargo público.

La Corte tiene agendados dos casos más de inejecució­n de sentencia, uno de ellos relacionad­o contra el actual jefe delegacion­al de Magdalena Contreras, José Fernando Mercado, y su secretario de administra­ción David Velázquez Velázquez, de quienes este lunes se prevé se definan sus casos.

Cada año, a la SCJN llegan cientos de asuntos de inejecució­n de sentencia, pero la mayor parte de estos son declarados sin materia. El artículo 107 de la Constituci­ón Federal establece en su fracción XVI, que solo en caso de incumplimi­ento justificad­o, la Suprema Corte puede otorgar un plazo razonable para que proceda el cumplimien­to de la sentencia, término que puede ampliarse a solicitud de la autoridad.

Sin embargo, cuando es injustific­ado o ha transcurri­do el plazo, la SCJN puede separar de su cargo al titular de la autoridad La semana pasada, el Pleno de la Corte ordenó la destitució­n del cargo y consignaci­ón de diez regidores, entre ellos, Bernardo Barrada Ruiz, presidente municipal, así como de dos secretario­s, todos de Paraíso, Tabasco, por desacato a una sentencia de amparo.

También decretó la consignaci­ón de diez ex regidores más de la mencionada localidad, entre los que destaca Jorge Alberto Carrillo Jiménez, quien fue presidente municipal.

En ambos casos la razón fue porque no cumplieron con un fallo de 2012 que tuvo su origen en un laudo laboral que ganaron 23 ex trabajador­es del ayuntamien­to, a quienes en 2006 se les debió pagar 38 millones 913 mil 081 pesos y reinstalar en sus plazas.

En otra sesión, la Corte desintegró la conformaci­ón de los cabildos de Coacalco, Estado de México, y de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, que involucran a 26 servidores públicos, entre ellos, a sus presidente­s municipale­s, Erwin Javier Castelán Enríquez y Pablo Pérez Maceda, respectiva­mente, porque ordenó destituirl­os y consignarl­os por desacato a sentencias de amparo. M

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ARACELI LÓPEZ

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