Navarrete regresa la política a Gobernación
Desde el día en que tomó posesión como secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida llamó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que en aquellos días andaba furioso con el gobierno federal por lo que él acusaba como una extorsión de parte de Hacienda, que le había negado recursos convenidos, supuestamente por haber arrestado a un ex secretario general adjunto del PRI.
La llamada abrió un camino ininterrumpido de interlocución que no existía.
La respuesta gubernamental había estado a cargo de la Secretaría de Hacienda, que a través de varios voceros había dado múltiples respuestas. Tal vez la más clara, la del 14 de enero que decía, respecto a dos de los convenios reclamados, “por las cantidades de 35.3 y 700 millones de pesos respectivamente, (que) correspondían a solicitudes de recursos extraordinarios para el saneamiento financiero de la entidad, es decir, pago a proveedores, de aguinaldos, y en general, gasto corriente. De acuerdo con lo previsto por la cláusula segunda de los convenios respectivos no hubo disponibilidad presupuestaria.
“Al día de hoy, no es factible normativa ni presupuestalmente realizar transferencia alguna relativa a dichos convenios, en virtud de la vigencia anual del presupuesto 2017”.
Y frente al anuncio de Corral de que llevaría a la SCJN el asunto, amenazaba:
“…para estar en posibilidad de firmar convenios durante este año, para otorgar apoyos extraordinarios al gobierno del estado de Chihuahua, se debe resolver, primero, la revisión judicial y/o la controversia constitucional que el gobierno del estado de Chihuahua ha dicho públicamente que llevará a cabo sobre la licitud y viabilidad de este tipo de convenios”.
Es decir, frente a la protesta, la cerrazón: no hay dinero ni puede haberlo y tampoco habrá este año si no detienes tu queja ante el Poder Judicial.
Se enreda más el asunto de la detención, que si tortura, que si en qué prisión debe estar, que si la PGR multa a la fiscalía estatal (debe ser la primera vez que hace algo así). De repente, aquella llamada rinde frutos. El detenido se va a un penal federal desde donde enfrentará los procesos locales y el de la Fepade. La PGR retira las inusuales multas. Una organización internacional revisa si hubo tortura. Hacienda “encontró” el dinero. Chihuahua retira su queja de la SCJN (Lástima, seguirá habiendo discrecionalidad de Hacienda).
La operación política ha regresado a Gobernación.