La Corte y la cohorte
En los artículos 268 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales ya se había legislado la revisión y el magistrado Laynez propuso discutir la constitucionalidad de éstos; el resultado, dividido, arrojó la constitucionalidad .... la SCJN no ha fabricado ni inventado unas nuevas leyes, ya existían
Sin mayor preángulo (así se dice), Gilga pasa a tirar su piedra en el charco de la vida pública. Se alborotó el cotarro con esta noticia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que los policías puedan revisar personas y vehículos sin previa autorización judicial. Además, según dicen sus periódicos, la Corte declaró constitucional la revisión forzosa cuando las personas no quieran someterse a ella. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó esa parte del Código Nacional de Procedimientos Penales que permite a elementos policiales realizar revisiones de personas y vehículos sin una orden de un juez por considerar que se transgreden los derechos a la libertad de personas y tránsito.
Gil comulga con esta inconformidad, pero, como muchas de las cosas que ocurren entre nosotros, Gilga preguntó y se enteró de algo: en los artículos 268 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales ya se había legislado este asunto y el magistrado Laynez propuso discutir la constitucionalidad de estos artículos, el resultado, dividido, arrojó la constitucionalidad. Si Gil ha entendido algo, cosa improbable, la Suprema Corte no ha fabricado ni inventado unas nuevas leyes, ésas ya existían.
Ahora mal sin bien: ¿no les parece un poco demasiado abrir el debate de la constitucionalidad de estos artículos en este momento? Que si la flagrancia, que si la sospecha razonable, dos requisitos para que la policía pueda realizar inspecciones sin la autorización de un juez. Hagan ustedes refabrón cavor. En un país donde la policía de Tlaquepaque, por mencionar un ejemplo, fue desarmada por unas sospechas razonables de que se encuentra hasta el cuello en complicidades con el crimen organizado. A esas policías les dan ahora el soporte jurídico suficiente para realizar inspecciones aleatorias. Como diría Brozo: #Nomamar.
El agua y los camotes
Después de una reunión con empresarios de Aguascalientes, Liópez perfeccionó su error: “Si cometen un fraude, sostengo que quienes lo lleven a cabo se hagan cargo de las protestas del pueblo. La gente quiere democracia, es un llamado respetuoso a los mapaches electorales y a sus jefes, quienes están acostumbrados a cometer fraudes, que vayan midiéndoles el agua a los camotes”.
En una página contigua, Héctor Aguilar ha explicado el tamaño del fraude electoral del que habla Liópez. Una locura de 6 millones de votos de acuerdo con la ventaja que el mismo
Liópez dice tener en este momento. Robarse una elección completa, como si no existiera el INE, o bien, si su existencia fuera fraudulenta, como si todos los ciudadanos que participan en la elección compraran y vendieran votos a granel y ante los ojos de todos los que vigilan las casillas. Es que de veras. En fon.
Luego, en León, Guanajuato, Liópez dijo: “Consideramos que vamos a triunfar porque estamos 20 puntos arriba, y no vamos a caer en una provocación, les mando decir a mis adversarios, que no son mis enemigos, que se ahorren todas las provocaciones porque no me voy a enganchar en ningún debate, no voy a molestarme, ando muy contento, amor y paz”. Correcto, pero, ¿hay una amenaza de fraude o no? Sepa la bola, Gil también anda contento: amor y paz. Mju, comoño.
Locura
Hay tantos asuntos de los que Gil requiere una explicación, que los hermeneutas, en caso de existir, no cabrían en el amplísimo estudio. La noticia se abrió pasó así en la prensa: “La PGR determina no ejercer acción penal contra César Duarte, ex gobernador de Chihuahua”. Así lo leyó Gilga en su periódico El Universal. En ésas estaba Gamés cuando leyó que en septiembre de 2014 Jaime García Chávez presentó una denuncia penal contra Duarte y su secretario de Hacienda, Jaime Herrera, por el presunto desvío de recursos al Banco Unión Progreso.
Gil se arranca los pelos: ¿este era el momento oportuno para dar a conocer esta decisión de la PGR? ¿Estamos locos? Ah, el oscuro mundo jurídico, la locura de los jurisconsultos. No olvidemos, por lo demás, que no tenemos fiscal, ni siquiera un fiscal carnal. Así las cosas, al encargado le filtran asuntos colosales, o bien, él filtra asuntos colosales. Gilga, al borde de la locura.
Todo es muy raro caracho, como diría Montesquieu: Las leyes inútiles debilitan a las necesarias.