Anaya: el montaje, paso a paso
La historia comenzó en 2007 con un codiciado predio y un codicioso joven, de 29 años, integrante de una presunta red de corrupción incrustada en el gobierno de Querétaro (2003-2009) de Francisco Garrido.
El joven es Ricardo Anaya, hoy aspirante a ser presidente de México y que podría ser acusado de tráfico de influencias, defraudación y evasión fiscal, triangulación de recursos, lavado de dinero y crimen organizado.
Los anteriores son los delitos presuntamente cometidos en el proceso de enajenación de un predio propiedad del gobierno queretano y que pasó a manos de Ricardo Anaya con una ganancia de 54 millones de pesos.
En octubre de 2007, Anaya era secretario particular de Garrido, quien decreto enajenar un terreno baldío, adquirido en febrero de 2008 por la empresa Tyson — representada por Manuel Barreiro— en 111.4 millones de pesos.
El predio se dividió en lotes, de los cuales 50 fueron comprados en 137.5 millones de pesos por otra empresa representada también por Barreiro, llamada Park Development.
En 2014, Ricardo Anaya compró el lote 82 del terreno por 10.7 mdp, a través de su empresa Juni Serra, y en 2016 construyó una nave industrial.
La nave industrial fue comprada en 54 mdp por la empresa Manhattan Master Plan constituida por Barreiro ex profeso para dicha transacción. Los socios eran el chofer de Barreiro y una empleada, ambos sin capacidad de compra. La compañía resultó declarada “fantasma”, lo que representa el delito de defraudación fiscal.
Además, el dinero utilizado para la compra, previamente fue enviado a paraísos fiscales, lo que tipifica delitos de lavado de dinero, crimen organizado y defraudación fiscal.
De igual manera, los socios originales de la empresa Manhattan Master Plan —el chofer y la empleada de Barreiro— declararon que no sabían que eran socios de la misma, hasta que los medios difundieron la noticia.
En este caso, el presunto delito es falsificación de documentos. Además, si es fraudulenta la constitución de Manhattan Master Plan se invalida no solo la sociedad anónima, sino los actos jurídicos derivados de ésta, como la compraventa de la bodega de Anaya. En septiembre de 2016, Barreiro y
Anaya pagaron la nave industrial en dos partes a través de empresas en el extranjero. El primer pago, de 16 mdp, por medio de la empresa Mas Sailing en Gibraltar. Dicha cantidad fue “prestada” —en una simulación— a Manhattan Master Plan (de Barreiro) y ésta realizó una transferencia a Juni Serra (de Anaya).
En abril de 2017 pagaron la segunda parte por los restantes 38.7 millones de pesos, a través de la empresa Didelfut (en Jalisco) a una cuenta en el paraíso fiscal suizo para transferirlos de empresa en empresa (Turcas y Caicos, Canada Inc, Aurora Private Fund y Tesorem) y terminar el 8 de mayo en Manhattan Master Plan, de Barreiro.
Vale recalcar que Manhattan Master Plan, de Barreiro, y Juni Serra, de
Anaya, fueron creadas exprofeso para la triangulación de recursos, disfrazar su origen y evitar que fuera detectada la procedencia del dinero.
Anaya intentó explicar que la compraventa de la nave industrial es legal y negó haber realizado transacciones con Barreiro del que, al final, resultó ser compadre.
El asunto se tornó aún más escandaloso cuando Manuel Barreiro se percató del escándalo contra Ricardo Anaya y decidió “parchar” los hoyos visibles de la transa.
Para ello habría simulado el cambio de accionistas —de manera retroactiva— de la empresa Manhattan Master Plan. Es decir, su chofer y su empleada dejaron de ser socios y en su lugar colocó a un socio de otros negocios para darle sentido a la compra de una nave industrial por 54 millones de pesos.
Pero resulta que el notario público que habría testificado el cambio de socios en la empresa Manhattan Master Plan y aceptado de manera ilegal una operación notarial retroactiva, de nombre Salvador
Cosío, declaró ante la PGR que su firma fue falsificada y que nunca llevó a cabo dicho trámite.
En este caso el delito que se configura es presunta falsificación de documentos, además de que Anaya y su socio, Manuel Barreiro, habrían conspirado para cometer un ilícito, lo que se traduce en la figura de delincuencia organizada.
En su defensa, Anaya y el PAN argumentaron que el notario, Salvador
Cosío, es candidato del Partido Verde al gobierno de Jalisco. Lo cierto es que cuando habrían realizado la falsificación de documentos no era candidato de nada.
Como tampoco Ricardo Anaya era candidato de nada cuando la PGR inició la investigación sobre lavado de dinero, a finales de 2016 por la compra-venta de la nave industrial. Aún así, Anaya acusa persecución oficial. ¿Cínico o víctima? Usted juzgue. Al tiempo.