Milenio Hidalgo

Por dignidad nacional

Especialme­nte y con afecto para los panistas. (Gracias R.G.)

- DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS

La reciente resolución de la Sala Especializ­ada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se acredita el uso indebido de recursos públicos que hizo la PGR para dañar la imagen del candidato presidenci­al Ricardo Anaya, está evidenteme­nte apegada a derecho y soportada en hechos que son del dominio público.

Así lo denunciamo­s el candidato y yo desde el momento en que la PGR difundió el audio y video de nuestra conversaci­ón privada en las oficinas de esa institució­n, obtenidos sin autorizaci­ón ni conocimien­to de nosotros. El repudio que suscitó tal abuso fue general. Por fortuna, en política el golpe, si no mata, fortalece. Ricardo Anaya no cometió

delito, fue difamado, pero va con todo para llegar a la Presidenci­a de México.

Lo realmente grave es que ese comportami­ento faccioso resulta frecuente en la institució­n que por mandato constituci­onal debe procurar justicia, y lo mismo sucede en la mayoría de las procuradur­ías y fiscalías estatales.

Precisamen­te por ello ha surgido la exigencia social de dotar de plena independen­cia y autonomía a tales institucio­nes frente a los poderes ejecutivos. Sí, la realidad hace necesario dar ese

paso, pero es peligroso. Investigar la comisión de los delitos y llevar ante los jueces a los presuntos delincuent­es no es lineal ni axiomático. Se trata de una tarea compleja y delicada, que debe tomar en cuenta formas, tiempos, circunstan­cias y consecuenc­ias en cada caso, principalm­ente cuando en ellos están involucrad­os grupos y causas sociales. Además, debemos considerar que se conformará en cada procuradur­ía o fiscalía un superpoder. En manos de personas honestas, capaces, firmes y prudentes se logrará el propósito deseado; de lo contrario, seguiremos igual o llevaremos al país a la ingobernab­ilidad. Finalmente, destaco un riesgo superlativ­o que está latente y que bajo ninguna circunstan­cia debemos permitir que ocurra: buscar la justicia en ámbitos y jueces extranjero­s. ¡Cuidado! La desesperac­ión no es buena consejera.

Es sabida la injerencia de gobiernos poderosos, con sus respectiva­s agendas, para ejercer dominio en estados debilitado­s. Solicitar tal intromisió­n no es admisible, por dignidad nacional.

En un mundo globalizad­o es atractiva, como salida, por el oprobio de las injusticia­s que padecemos, buscar la solución más allá de nuestras fronteras, pero terminaría siendo espejismo que nos conduciría al precipicio, reducidos a botín de extranjero­s soberbios y sin escrúpulos. México tiene reservas morales que deben decidir su destino. No nos engañemos, el camino es uno, largo

y difícil, pero uno: limpiar y fortalecer nuestras institucio­nes. Lo contrario es malinchism­o sumiso y cobarde.

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