James Comey, Robert Mueller y nuestra PGR
James Comey trabajó con dos gobiernos estadunidenses de diferente signo político. Con George W. Bush fue fiscal en Nueva York y después fue el segundo en el Departamento de Justicia encargado de la operación diaria. Después de unos años en la iniciativa privada, Barack Obama lo llamó para ser el director del FBI.
Robert Mueller fue director del FBI de 2001 a 2013. Nombrado por el muy republicano George W. Bush se mantuvo en el puesto con el muy demócrata Barack Obama.
Rod Rosenstein se identifica a sí mismo como republicano. Fue por muchos años el fiscal general en Maryland, nombrado por Bush y se mantuvo con Obama. Donald Trump lo nombró el segundo de abordo en el Departamento de Justicia y fue él quien formalmente nombró a Robert Mueller como fiscal especial para la investigación de la intervención rusa en las elecciones estadunidenses.
Hoy, James Comey, a quien Trump corrió y acaba de publicar un libro durísimo contra el presidente, y Robert Mueller son el gran dolor de cabeza de Donald Trump y hace unas semanas se publicaron varias notas informando que Trump estaba pensando correr a Rosenstein por seguir tolerando a Mueller.
El Departamento de Justicia y sus fiscales, así como, por supuesto, el FBI, dependen del Poder Ejecutivo.
Hablando de la nueva fiscalía, decía María Amparo Casar el domingo en el programa
¿Y Ahora qué?, que no había que confundir autonomía con independencia. La autonomía no significa independencia —miren el TEPJF—y la independencia no requiere autonomía.
Desde hace muchos, pero muchos años, las procuradurías estatales y la federal han actuado según los intereses políticos de su jefe: el gobernador o el presidente. El uso político de la procuración de justicia ha sido signo distintivo de nuestros tiempos priistas y también de los últimos 18 años. Es la principal característica y defecto de esas instituciones y por eso no han servido para combatir, por ejemplo, la corrupción.
Quien sea que gane el 1 de julio, tendrá como primera tarea, gracias a las reformas constitucionales ya hechas, la oportunidad de construir de cero un nuevo aparato de procuradurías y ministerios públicos. Esperemos que no confunda autonomía con independencia.