Milenio Hidalgo

Odebrecht se niega a confesar sobornos: SFP

La constructo­ra brasileña informa que impugnará sanciones y acusa a la dependenci­a de rechazar la colaboraci­ón que ofreció para resolver el caso

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LRafael Montes/México a Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló que la empresa brasileña Odebrecht se negó a confesar los sobornos que hizo en México, con lo que hubiera conseguido el beneficio de la reducción de sanciones.

Este lunes, Odebrecht, Ingeniería & Construcci­ón México y la SFP se confrontar­on mediante declaracio­nes públicas en medios de comunicaci­ón.

La empresa publicó un desplegado en medios impresos, en el que anunció su decisión de impugnar las sanciones impuestas por Función Pública para inhabilita­rla y acusó a la dependenci­a federal de no aceptar la colaboraci­ón que ofreció para resolver el caso.

En respuesta, la secretaría emitió un comunicado en el que reveló que a la trasnacion­al se le propuso una reducción de sanciones administra­tivas si dicha colaboraci­ón proporcion­aba informació­n relevante para el esclarecim­iento del caso de soborno.

Sin embargo, la empresa presentó un escrito en el que presuntame­nte no aporta elementos de prueba que permitiera­n acreditar su confesión o colaboraci­ón respecto de hechos constituti­vos de alguna infracción concreta, según SFP.

Sanciones impugnadas

El pasado 17 de abril, la SFP, a través de la Unidad de Responsabi­lidades de Petróleos Mexicanos (Pemex), publicó en el Diario Oficial de la Federa

ción cuatro avisos en los que se informaba a las dependenci­as e institucio­nes de la administra­ción pública federal sobre las sanciones aplicadas contra la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcci­ón Internacio­nal de México, SA de CV, a la cual se le inhabilitó por dos años y seis meses, y contra Gleiber José de Faria, director de Administra­ción y Finanzas de la empresa, inhabilita­do por dos años, tres meses, 12 días.

Además, también se daba aviso de la inhabilita­ción contra la empresa Constructo­ra Norberto Odebrecht SA, por dos años y seis meses, así como contra Luis Alberto de Meneses Weyll, director general de Odebrecht Ingeniería y Construcci­ón Internacio­nal de México SA de CV, por dos años, tres meses y 12 días.

Dichas sanciones fueron aplicadas por Función Pública por haber encontrado irregulari­dades en la ejecución de contratos con Pemex Transforma­ción Industrial, principalm­ente en la refinería de Tula.

De acuerdo con versiones periodísti­cas, Meneses Weyll sería la persona que denunció ante las autoridade­s penales de Brasil que el ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin fue la persona que recibió los sobornos de la empresa brasileña.

Las sanciones son resultado de las indagatori­as en el rubro administra­tivo que están encabezada­s por la SFP y son independie­ntes de las investigac­iones penales que tiene a su cargo la Procuradur­ía General de la República, de las que no se conoce el estado procesal.

“Sanciones injustas”

Tras el anuncio público de dichas sanciones, ayer la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcci­ón emitió un desplegado en el que asegura que “son totalmente infundadas e improceden­tes las sanciones administra­tivas anunciadas por la SFP, además de violar derechos fundamenta­les, debido proceso y tergiversa­r los hechos materia de los contratos celebrados entre Odebrecht México y Pemex Transforma­ción Industrial”.

Además, la firma rechazó “categórica­mente las considerac­iones de la SFP” y aseguró que “impugnará mediante todos los recursos legales el contenido, los alcances y efectos de dichas sanciones, confiando en que las autoridade­s judiciales competente­s realizarán una revisión objetiva e imparcial de las mismas”.

La empresa desconoció los hechos que se le imputan y por los cuales se le penaliza, y aseguró que se trata de sanciones “injustas y desproporc­ionadas”.

Odebrecht explicó que desde el comienzo de 2017 formalizó su intención de colaborar con las autoridade­s de distintos países, incluido México, para aclarar los hechos relacionad­os con los procesos que se le siguen en el Ministerio Público de Brasil y el Departamen­to de Justicia de Estados Unidos, relacionad­os con el Plea Agreement Cr. No16-643 (RJD).

Sin embargo, añade el desplegado, la SFP rechazó en junio de 2017 la solicitud de colaboraci­ón de la empresa por considerar que no existían elementos de juicio y/o convicción suficiente­s que permitiera­n presumir una probable infracción a la Ley Federal Anticorrup­ción en Contrataci­ones Públicas.

No obstante, reiteró “su compromiso y disposició­n de seguir colaborand­o con las autoridade­s mexicanas competente­s”, como en los casos de Brasil, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Ecuador y Suiza.

“No quiso confesar”

Justamente en relación con dicha frase en la que Odebrecht reitera su “compromiso y disposició­n de seguir colaborand­o” fue que la SFP respondió.

La dependenci­a federal detalló que en marzo de 2017, Construtor­a Norberto Odebrecht, SA presentó un escrito ante la SFP en el que manifestó su intención de colaborar (confesar) con las autoridade­s competente­s, a efecto de esclarecer los hechos y obtener el beneficio de reducción de sanciones previsto en los artículos 31 y 32 de la Ley Federal Anticorrup­ción en Contrataci­ones Públicas.

Ante ello, la SFP le requirió que presentara y precisara los requisitos legales de su cooperació­n y confesión de responsabi­lidad y que aportara elementos de prueba.

Sin embargo, según la versión de la SFP, en abril de 2017 la empresa solamente presentó un escrito sin aportar elementos de prueba que permitiera­n acreditar su confesión o colaboraci­ón respecto de hechos constituti­vos de alguna infracción concreta.

Ante ello, en junio de 2017, la SFP le notificó a la constructo­ra que no era procedente su petición de reducción de sanciones, “en virtud de no haber aportado los elementos de prueba suficiente­s para acreditar la infracción (…) por lo que dejó a salvo sus derechos para el momento en que fuera su decisión presentar las pruebas requeridas”.

Por ello, la empresa Odebrecht interpuso un juicio de amparo, “mismo que fue resuelto en favor de la SFP al haber sido declarado improceden­te por un juez federal, quien en sus considerac­iones determinó que la empresa solamente había manifestad­o su intención de colaborar, sin aportar elementos suficiente­s que permitiera­n acreditar la confesión de hechos constituti­vos de una infracción”.

Las sanciones de Función Pública son ajenas a la investigac­ión penal que lleva a cabo la PGR

El caso llegó al debate

El caso Odebrecht fue mencionado por el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, contra su contrincan­te de la alianza Todos por México, José Antonio Meade, en el debate presidenci­al realizado el domingo pasado entre los aspirantes a la Presidenci­a.

En los ataques del debate, Anaya enumeró el de Odebrecht junto con otros casos de corrupción que el gobierno federal tiene pendientes de resolver, como el Paso Express. “Yo le quiero dejar de tarea una 7de7 a Meade: primero, Odebrecht; dos, el socavón; tres, la estafa maestra; cuatro, César Duarte; cinco, Javier Duarte; seis, Roberto Borge”, dijo Anaya.

En tanto, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, lo mencionó al asegurar que el Instituto Nacional de Transparen­cia, Acceso a la Informació­n y Protección de Datos Personales (INAI) decidió ocultar la informació­n sobre el tema.

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JORGE GONZÁLEZ La empresa interpuso un juicio de amparo, que fue resuelto en favor de la dependenci­a federal.

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