Crean Comisión de la Verdad para investigar la represión
Parlamento sandinista nombra a cinco personalidades; en tres meses, el dictamen
La mayoría sandinista y sus aliados de la Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua nombraron a los integrantes de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, que investigará durante tres meses la muerte de entre 45 y 63 personas en las violentas protestas iniciadas el 17 de abril.
La comisión quedó integrada por al sacerdote franciscano Uriel Molina Oliú; la líder miskita nicaragüense Mirna Cunningham; el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), Jaime López Lowery; el subprocurador de derechos humanos Adolfo José Jarquín y el académico e intelectual Cairo Amador.
Pero los líderes del Movimiento Universitario 19 de Abril, que encabezan las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde 2008, han cuestionado la creación de la Comisión de la Verdad y exigen que sea integrada por representantes independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas (ONU).
Las protestas estallaron el 17 de abril y se saldaron con 45 muertes y 400 heridos, según un informe preliminar del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), aunque otros organismos humanitarios han contabilizado 63 decesos. El gobierno de Daniel Ortega reconoce solo diez fallecidos.
La crisis inició con una protesta estudiantil por una reforma al Seguro Social, que aumentaba las cuotas de trabajadores, empresas y jubilados. Aunque Ortega revocó la reforma, las manifestaciones se multiplicaron debido a la violenta acción de la Policía y grupos de choque del gobierno contra los manifestantes.
La creación de esa Comisión ha sido criticada por diversos sectores, además de los jóvenes, ya que dudan de su trabajo e independencia, siendo creada por diputados afines al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quien organismos humanitarios responsabilizan de ser, junto con la Policía Nacional, responsables de las muertes. La CIDH pidió el 24 de abril al gobierno de Ortega poder entrar al país para evaluar lo sucedido, pero el 1 de mayo el Ejecutivo en respuesta le pidió “aguardar el avance de los procesos internos”.