Someterá al Ejecutivo a poderes de facto
Será ilegal que el organismo tenga acceso a centros de detención
LRubén Mosso/México a comisión de la verdad para el caso Iguala “no tiene sustento normativo para su existencia y operación”, señaló la Presidencia de la República a través del consejero jurídico, Misha Leonel Granados Fernández. Además, añadió, es “ilegal” que tenga acceso a los centros de detención, pues la medida “genera desconfianza y vulnerabilidad del estado de derecho”.
Estos argumentos del gobierno de la República constan en el documento denominado “incidente de imposibilidad para cumplir el fallo”, emitido ante el amparo 2014/2017, donde el tercer Tribunal Unitario del decimonoveno circuito declaró la imposibilidad jurídica de acatar el fallo del Tribunal Colegiado que demandó crear esa comisión.
En dicho documento, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Cámara de Diputados reconocen que no se puede crear el mecanismo que ordenó el primer Tribunal Colegiado del decimonoveno circuito para ampliar la investigación sobre los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
La Presidencia indicó que “la ejecutoria del amparo invade facultades competenciales del Ejecutivo federal, al ordenarle que gire instrucciones a todas las secretarías y dependencias para que presten apoyo y facilidades a la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, vulnerando con esa orden el principio de división de poderes”.
El consejero jurídico añadió que al crear la comisión se “romperá el orden constitucional” porque se obliga al Presidente a colaborar con una “autoridad de facto” y a ser parte de una “absoluta violación” a las normas constitucionales.
La decisión “pretende dotar de recursos presupuestarios a la comisión de la verdad, que no tiene sustento normativo para su existencia y operación, acarreando un indebido ejercicio del gasto y afectando los planes y programas presupuestados”.
La Consejería Jurídica señaló que tampoco puede pasarse por alto la autonomía de la Secretaría de la Defensa Nacional, que sería afectada si se le ordena abrir sus instalaciones a los familiares de los normalistas desaparecidos. También recordó que la dependencia ya colaboró con los parientes durante la investigación del caso.