Los inelegibles
Se cumplieron los plazos legales para que los funcionarios de la administración Trump reunificaran a más de 2 mil 500 niños separados de sus padres por la política de tolerancia cero de Estados Unidos para disuadir la llegada de más familias centroamericanas a su frontera sur. El saldo de esta expresión de control migratorio es uno de trauma, caos, abusos y cientos de niños que podrían permanecer separados permanentemente de sus padres. Para tratar de justificar su incompetencia y su negligencia, el gobierno de Trump creó el término de familias inelegibles para la reunificación bajo los términos ordenados por una jueza federal en San Diego. El término agrupa a cientos de refugiados en cuatro categorías que intentan explicar por qué en esos casos no procede la reunificación.
El primer grupo incluye 127 padres de familia que firmaron papeles en los que renuncian a la custodia de sus hijos. Según abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles, en muchos casos, los documentos fueron firmados bajo presión o engaño y sin la asesoría legal adecuada. La ACLU, por su sigla en inglés, ha registrado instancias en las que los firmantes no saben leer o escribir o incluso casos de indígenas que no hablan inglés ni español.
El segundo grupo es de 64 personas, considerado inelegible por contar con antecedentes criminales, lo que los descalificaría para ocuparse de sus hijos. El problema, explican activistas defensores, es que hay casos en los que los antecedentes se reducen a una acusación y no a un cargo criminal. Los funcionarios encargados de la reunificación se han negado además a dar detalles de las 64 personas en esta situación para verificar que efectivamente los señalados hayan incurrido en un delito grave. Siguen los padres ya deportados y que enfrentan el laberinto burocrático para recuperar a sus pequeños desde comunidades aisladas en puntos de Centroamérica; 463 personas removidas de Estados Unidos sin sus hijos y que, al encontrarse fuera, son inelegibles por la administración Trump. Increíblemente, el gobierno que los deportó asegura que no puede ubicarlos y, por lo tanto, no puede reunirlos con sus hijos.
Finalmente, están los casos de 260 padres que necesitan de una revisión detallada o secundaria, revisión que podría tomar semanas o meses mientras sus hijos permanecen bajo cuidado institucional.
Esta es la crisis humanitaria creada por Trump y por el grupo de etno-nacionalistas que controlan las decisiones migratorias de un presidente que sabía del trauma y del dolor que su política de separación iba a provocar y que la implementó sin ni siquiera establecer un plan para regresar a estos niños a sus familias.