Masacre de San Fernando y migrantes: todo sigue igual
El gobierno de Calderón no hizo nada y el que ahora está por terminar no se refirió al asunto hasta que en mayo de 2014 el flujo de menores no acompañados hizo crisis en EU
Hoy se cumplen ocho años del asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. En los meses siguientes a aquel agosto de 2010, se encontraron en ese municipio 40 fosas con 183 cadáveres más.
Un año antes, en junio de 2009, habíamos denunciado desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que el secuestro de migrantes había dejado de ser un hecho aislado y que se estaba convirtiendo en una industria criminal.
En aquel Informe especial sobre secuestro de migrantes calculábamos en más de 18 mil el número de migrantes secuestrados al año. Las autoridades minimizaron el reporte y, en lugar de atender la esencia de la denuncia, se empeñaron en cuestionar la metodología.
Unos meses después, la tragedia de San Fernando les reventó en la cara y se apresuraron a lamentar la terrible masacre. Y fueron más lejos en su afán por subirse a la ola de la indignación: protegerían como nunca a los migrantes y garantizarían el respeto a sus derechos humanos.
Aquel gobierno federal terminó sin atender y menos resolver el drama cotidiano de los migrantes centroamericanos en México porque la violencia, los abusos y las injusticias siguieron creciendo.
El nuevo gobierno, que ahora está por terminar, no se refirió a la transmigración centroamericana por México hasta que en mayo de 2014 el flujo de niños migrantes no acompañados hizo crisis en Estados Unidos.
Barack Obama llamó a ese hecho “crisis humanitaria”, aunque luego supimos que en realidad le preocupaba la “crisis administrativa”, porque la creciente cantidad de niños en resguardo rebasaba el presupuesto destinado a atenderlos.
En julio de ese año, el gobierno de México anunció el Programa Frontera Sur, al que se le atribuyeron objetivos humanitarios: se trataba de proteger a los migrantes, de aumentar su seguridad y de garantizar, otra vez, el respeto a sus derechos humanos.
Con este programa aumentaron las detenciones y deportaciones de centroamericanos, particularmente de niñas y niños no acompañados, se impidió a los migrantes subir a los trenes y se multiplicaron los retenes, con los consecuentes efectos negativos: se incrementaron los abusos, robos, asaltos, extorsiones, violaciones, secuestros y homicidios.
Abundantes notas periodísticas publicadas en su momento o acumuladas en los registros de Internet dan cuenta de decenas de rescates de migrantes por parte de autoridades, lo que confirma que los secuestros continúan. A pesar de estos rescates, son muchos más los migrantes que solo recuperan su libertad después de que sus familiares en Estados Unidos pagan el rescate, en tanto que otros terminan siendo víctimas de trata de personas o reclutados por la delincuencia y, en algunos casos, desaparecidos o asesinados.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, cuatro de cada 10 migrantes que atiende dicen haber sido secuestrados. Médicos sin Fronteras, luego de cinco años de operar a lo largo de las rutas migratorias, reporta que siete de cada diez migrantes que acuden a sus servicios han padecido al menos un delito y que casi la tercera parte de las mujeres fueron víctimas de agresiones sexuales.
El Programa Frontera Sur ha causado lo mismo que las medidas impuestas por el gobierno de Estados Unidos para reforzar la vigilancia en la frontera con México: que los migrantes opten por rutas menos vigiladas y, por tanto, más inhóspitas y riesgosas.
Los migrantes irregulares van para dos décadas de sufrimiento en nuestro territorio. Ningún gobierno ha podido garantizar sus derechos ni ofrecerles protección ni el trato digno que merece toda persona. Siguen siendo existencia inexistente, sombras entre las sombras, últimos entre los últimos.
Recientemente, Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública en la administración de Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el nuevo gobierno recibirá una seguridad en ruinas.
Es cierto. Y todavía hay algo más: debajo de esas ruinas, ocultos, indefensos, invisibles, caminan, sobreviven, sufren y mueren ellas y ellos, los migrantes indocumentados, que huyendo de la violencia y la injusticia, descubren, en su paso por México, que aún se puede padecer más injusticia y más violencia.
*Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados