El reto de la seguridad
La debilidad mayor es la incapacidad del Estado para asegurar lo básico: seguridad y certeza de derechos; la situación va en deterioro, al tiempo que en muchas partes el aterrador ambiente de violencia se ha vuelto parte del paisaje
La lógica criminal no atiende la racionalidad propia de un perdón legal. Hay crimen porque hay impunidad, porque los riesgos son bajos y los beneficios altos
Desde fuera es muy fácil el juicio descalificador de resultados por la difícil situación de la seguridad pública. Desde hace años el país enfrenta un severo problema que se ha ido agravando. La realidad es que la debilidad mayor actual es la incapacidad del Estado para asegurar lo básico: seguridad y certeza de derechos. La situación va en deterioro, al tiempo que en muchas partes el aterrador ambiente de violencia se ha vuelto parte del paisaje.
López Obrador hizo campaña con una idea muy polémica y, de todas, la que menos apoyo alcanzó de los ciudadanos, esto es la propuesta de una amnistía como camino a la pacificación y reconciliación nacionales. La idea original ha tenido diversos matices y a la fecha no se sabe ciertamente cuál será la postura del gobierno. Se han emprendido foros con víctimas y especialistas. En el proceso no ha habido nada nuevo, ni de una ni de otra parte. Lo que sí queda claro es que amnistiar a criminales en los términos originales se ha vuelto impensable si realmente se quiere llegar a la pacificación del país.
Así es porque no puede haber perdón ni mucho menos olvido a costa del principio elemental de justicia. Pero no solo eso. La lógica criminal no atiende a la racionalidad propia de un perdón legal. Hay crimen porque hay impunidad, porque los riesgos son bajos y los beneficios son altos. Desde una perspectiva religiosa siempre habrá espacio al perdón, no así para quien representa al Estado y está obligado a proveer justicia. No hay lugar a la ingenuidad, tampoco al simplismo. El problema es sumamente grave y complejo como para pretender resolverlo con una coartada como es la de una amnistía.
La futura secretaria de Gobernación ha sido precisa sobre la necesidad de poner en el centro de la mesa a las víctimas. Es un acierto y esto despeja la posibilidad de un perdón a quienes se han enriquecido, ensañado y empoderado por la vía de la violencia. Empero, la postura de Tatiana Clouthier es más convincente y auténtica. El hecho de estar más comprometida con la causa que con el cargo la hace distinguirse y dar valor a sus palabras. Los derechos humanos son un objetivo fundamental. Por encima de todos, dada la circunstancia, debe adquirir prioridad el derecho a la justicia y, por lo mismo, su mayor afrenta es un eventual perdón a los criminales.
Alfonso Durazo cuenta con el apoyo total de quien será presidente. Además, hay el compromiso por López Obrador de participar día a día, en el seguimiento, supervisión y evaluación de lo que ocurra en seguridad. El dicho de Durazo no aporta nada original respecto a lo realizado en el pasado. Él señala que ellos sí harán lo que otros prometieron, expresión que se corresponde a lo dicho hace 6 y 12 años. La diferencia, y eso es cierto, es el consenso nacional con el que inicia el actual gobierno, apoyo que da autoridad, pero también compromete y demanda resultados inmediatos. La expectativa es elevada y nada se ha hecho para moderarla, sino justamente lo contrario. Un compromiso numérico de disminuir delitos de alto impacto en 30 o 50 por ciento en tres años y más delante lograr tasas de criminalidad en la media internacional de los países de la OCDE sería toda una proeza. Difícil, pero es deseable que así suceda.
Por lo pronto, de los encuentros del Presidente electo con los secretarios de la Defensa y de Marina se advierte que se regresa a la postura de sus dos antecesores: no se puede regresar a los soldados y marinos a los cuarteles por la debilidad de las policías bajo mando civil. Esta premisa se seguirá de otra: contar con policías eficaces es producto de un muy largo proceso, además de costoso.
En el gobierno que concluye la prioridad de gasto no la marcó el Presidente, tampoco quien era responsable de la seguridad pública; esto se hizo en la secretaría de Hacienda, sin sensibilidad ni comprensión sobre la necesidad de invertir significativamente en seguridad. Más aún, a los municipios se les privó del fondo para el equipamiento y modernización de cuerpos policiacos. El Presidente electo debe tener presente tal circunstancia. Si quiere retirar a los soldados y marinos de la labor de las policías, tarea obligada, requerirá de buenos cuerpos civiles de seguridad y para ello destinar recursos significativos.
Queda claro que la gran transformación a la que ha convocado López Obrador y la significativa expectativa sobre su gobierno tendrá tres referencias: el combate a la corrupción, lograr una economía que ofrezca bienestar y ganarle terreno a la violencia y al crimen, un desafío nada menor.