Eduardo González
Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en suspenso la resolución de un amparo promovido por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en contra de la reforma aprobada por la 63 Legislatura local que ordena la creación de un Órgano Interno de Control para la máxima casa de estudios hidalguense.
La determinación de los integrantes de la Segunda Sala fue un golpe a la moral universitaria que tenía el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayan a su favor, pero que finalmente no se quiso someter al análisis de los jueces, sabrán las leyes porque.
Revisando el proyecto, el magistrado ponente daba plena razón a la UAEH con sus respectivas reservas, lo que supone que será replanteado para presentarse con argumentos más contundentes o para recibir recursos de la defensa, que en este caso es la coordinación jurídica del Legislativo y el Gobierno del estado, tercer involucrado al solicitarse en la demanda la aplicación de un veto gubernamental.
Según el amparo en revisión 311/2018, el principio constitucional de la autonomía universitaria inhibe cualquier posibilidad de que autoridades externas a la Universidad se conviertan en revisoras, veedoras, controladoras o fiscalizadoras del quehacer universitario.
La tesis específica que de tener injerencia se pondría en riesgo el contenido del derecho fundamental y humano a la educación superior, entre otros; sin embargo obliga a que la Universidad esté libre de cualquier influencia, ideología, dogma o injerencia externa; de ahí que sea indispensable que la actividad universitaria no se contamine de cuestiones extraacadémicas.
Se pueden observar dos lecturas: por un lado que se propone garantizar el respeto a la llamada “autonomía” de la UAEH con la no intervención en su manejo administrativo por muy opaco o poco transparente, o manejable a modo, que este sea. Y por el otro, que al ser una institución “independiente” asume la responsabilidad de mostrar a la ciudadanía hidalguense en qué se ocupan los recursos universitarios, pero con claridad de documentos y portales informativos.
Lo califica el proyecto del ministro como “el rendimiento de cuentas a la sociedad, para autoevaluarse, para repensarse institucionalmente, y en la transparencia para autogobernarse”.
Señala que la autonomía universitaria tiene que luchar y encontrar un equilibrio con otros principios que determinan su relación con la sociedad, a saber, la rendición de cuentas, la responsabilidad social y la transparencia y que deben elaborar técnicas de gestión, administración y autoverificación que encuentren un equilibrio entre la autonomía universitaria y la obligación de rendir cuentas a la sociedad y de demostrar su eficacia en el desempeño de su cometido y la transparencia en el modo de lograrlo. ¿A quién le cree usted?