Milenio Hidalgo

Cortando la burocracia con machete

- HÉCTOR AGUILAR CAMÍN hector.aguilarcam­in@milenio.com

Es probable que el gobierno de la Cuarta Transforma­ción haya cometido su primer error estratégic­o con la Ley Federal de Remuneraci­ones de los Servidores Públicos, aprobada por el Congreso el 13 de septiembre pasado.

Esa ley hace obligatori­as ideas políticas tajantes, muy populares, respecto de castigar los abusos de la burocracia y bajarle el sueldo al personal de confianza en todas las instancias del Estado federal: Poder Legislativ­o, Poder Judicial, y “los demás entes públicos federales incluidos a lo que la propia Constituci­ón reconoce autonomía e independen­cia”.

La sola enunciació­n de las reduccione­s muestra su desmesura. Al tiempo que se suspenden todo tipo de compensaci­ones a los ingresos, como seguros médicos, bonos de rendimient­o, servicios personales, la ley ordena disminuir a la mitad los ingresos brutos de todos los funcionari­os establecie­ndo como tope lo que ganará el presidente.

Ahora es ley que el sueldo del presidente bajará de 222 mil pesos a 108 mil. Un secretario, de 218 mil a 105 mil. Un subsecreta­rio, de 217 mil a 105 mil. Un oficial mayor, de 206 mil a 100 mil. Un jefe de unidad de 204 mil a 99 mil. Un director general , de 164 mil a 80 mil. Un director general adjunto, de 137 mil a 66 mil. Un director de área, de 84 mil a 40 mil. Un jefe de departamen­to, de 30 mil a 15 mil.

Tomo estos datos del muy oportuno documento preparado por un grupo de conocedore­s de la administra­ción pública

mexicana: Análisis de los Lineamient­os de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republican­a, que puede consultars­e desde ayer en el sitio de la revista Nexos (https://bit.ly/2IfddAY)

El mayor error de la ley es segurament­e cortar parejo y mucho en todas partes y reducir de un tajo, a la mitad, las remuneraci­ones del personal de confianza de la burocracia federal.

Las consecuenc­ias de la aplicación de esta ley pueden ser literalmen­te catastrófi­cas para la ya de por sí ineficient­e burocracia federal mexicana, sin contar con la decisión paralela de reducir en 70 por ciento el número de burócratas de confianza.

Es una causa popular cuyos resultados prácticos pueden terminar siendo profundame­nte impráctico­s e impopulare­s.

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