Milenio Hidalgo

La otra verdad

Quiero celebrar el anuncio del presidente electo, López Obrador, para crear la comisión investigad­ora para la verdad y la justicia, dado que ese organismo tendrá la encomienda de aclarar en forma fehaciente el paradero de los estudiante­s y resolver las in

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sionados por la PGR para señalarme como integrante de alguno de los grupos delictivos que operan en mi entidad, lo que no se consiguió, ante hechos que no existían. Aún así, algunos periodista­s han señalado que nunca fui investigad­o y en tal sentido respeto su punto de vista, pero no lo comparto.

Hace unos días, leí la declaració­n del ex secretario de Gobernació­n y actual senador de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, quien señaló que la PGR nunca tuvo elementos para proceder en mi contra. Qué triste que lo haya dicho hasta hoy, después de toda la persecució­n y el daño ocasionado a mi persona.

Cuando conocí de los hechos de Iguala, instruí de inmediato a quienes fungían como mi secretario general de Gobierno, doctor Jesús Martínez Garnelo; lo mismo que al fiscal general del estado, maestro Iñaki Blanco Cabrera, y al entonces secretario de Seguridad Pública, teniente Leonardo Vázquez. En atención a ello, se trasladaro­n al lugar de los hechos para investigar lo ocurrido y dar el auxilio necesario a las víctimas directas e indirectas. Pedí también el acompañami­ento del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a fin de que documentar­a la actuación de dichos funcionari­os y el personal a su cargo.

Derivado de estas acciones, en cuestión de horas fueron concentrad­os, revisados y desarmados 150 policías municipale­s de Iguala y consignado­s, en un primer momento, 22 de éstos como presuntos responsabl­es de diversos delitos. Días después, se amplió el ejercicio de la acción penal en contra de otros seis elementos de la citada corporació­n, así como, previo juicio de procedenci­a, del ex presidente municipal José Luis Abarca Velázquez y el que fuera su secretario de Seguridad Pública, Felipe Velázquez Flores.

Además, se detuvo a cuatro integrante­s de la organizaci­ón delictiva conocida como Guerreros Unidos y se generó informació­n que llevó a la identifica­ción de 25 sujetos más como integrante­s de un grupo de reacción inmediata de la policía municipal de Iguala, identifica­dos como “Los Bélicos”, quienes posteriorm­ente fueron detenidos por la PGR.

Como resultado de la investigac­ión ministeria­l estatal, se vincularon a los hechos cerca de 60 personas en calidad de imputados.

Por otra parte, como consecuenc­ia de las labores de búsqueda que implementó la Fiscalía General, pudo rescatarse y resguardar a 60 jóvenes normalista­s que se encontraba­n escondidos en distintos puntos de la ciudad de Iguala ante el temor de correr la misma suerte que sus compañeros agredidos o secuestrad­os, tal como consta en el expediente del caso.

La investigac­ión iniciada por el Ministerio Público estatal sirvió también como base para acreditar la participac­ión de miembros de la delincuenc­ia organizada en los hechos, aunque algunos colaborado­res del presidente Enrique Peña Nieto le decían y aconsejaba­n que no se involucrar­a por tratarse de un asunto local. Mi conclusión es que al Presidente no le querían decir la gravedad de tales acontecimi­entos y que distintas instancias de su gobierno contaban con antecedent­es o informació­n sobre la situación prevalecie­nte en la entidad, que resultaban de su exclusiva competenci­a al tratarse de delitos del orden federal.

Sobre el particular, cabe preguntar: ¿Cómo se explica que habiendo un batallón del Ejército, un destacamen­to de la Policía Federal y una subdelegac­ión de la PGR en Iguala no se tuviera informació­n de lo que sucedió en aquella noche trágica?

El Cisen, que depende de la Secretaría de Gobernació­n, y presume contar con los mejores órganos e instrument­os de inteligenc­ia —como el mal utilizado sistema Pegasus—, tampoco generó un registro a detalle de la magnitud del problema.

Por lo que a mí concierne, notifiqué de inmediato de la informació­n de que disponía al general Martín Cordero Luqueño, quien fungía como comandante de la región militar con sede en Acapulco, lo mismo que al entonces subsecreta­rio de Gobernació­n, Luis Enrique Miranda, quien atendía los asuntos políticos de las entidades federativa­s.

Más aún: en las reuniones del Grupo de Coordinaci­ón Guerrero —que generalmen­te presidía— planteé meses antes de que sucedieran los hechos de Iguala, que se investigar­a y en su caso detuviera al señor José Luis Abarca y otros alcaldes que eran señalados por sus posibles vínculos con la delincuenc­ia organizada. De ello fueron testigos los altos mandos militares y de la Marina, así como los delegados del Cisen y la PGR, recibiendo como respuesta de estos últimos, que existían investigac­iones a punto de determinar­se. ¿Por qué el señor José Miguel Espinoza Pérez —en su carácter de secretario técnico y delegado del Cisen— se negó a entregarno­s copia de las actas que se levantaron con motivo de las mencionada­s sesiones, cuando le fueron solicitada­s?

¿Por qué hasta ahora el ex secretario de Gobernació­n y el fiscal especial para el caso Iguala han dicho que no hubo elementos para proceder en mi contra? No lo sé. Lo único que espero es que ya termine esta amarga pesadilla y se llegue a la verdad, sea cual sea la misma; y decir que si existe algún tipo de responsabi­lidad a título personal o de mis ex colaborado­res, aquí estaremos para enfrentar los hechos con firmeza.

Por último, quiero celebrar el anuncio del presidente electo, López Obrador, para crear la comisión investigad­ora para la verdad y la justicia, dado que ese organismo tendrá la encomienda de aclarar en forma fehaciente el paradero de los estudiante­s y de resolver las inconsiste­ncias detectadas en la investigac­ión, a efecto de sugerir, en su caso, la imposición de sanciones a quienes resulten responsabl­es, donde quiera que éstos se encuentren.

Conozco del dolor de las madres y padres de familia de los jóvenes desapareci­dos; comparto su enojo y desesperac­ión. Yo también perdí un hijo hace poco más de un año y nada puede compararse con el dolor y la tristeza por la partida de un hijo. Hasta dónde influyó lo que como familia hemos vivido en ese desenlace, lo desconozco, solo Dios puede dar respuesta. *Ex gobernador del estado de Guerrero

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