Instituciones deben transparentar gasto
La institución impugnó la decisión del Congreso local de reformar la Ley Orgánica, con la intención de imponer al titular en el órgano interno de control y transparentar cuentas
La UAEH “no tiene dueño, no tiene por qué tenerlo”, afirma secretario de la Política Pública, Israel Félix “No se trata de la Universidad de alguien, sino de la Universidad de Hidalgo”; auditoría, sería importante Reforma del Congreso vulnera el principio de autonomía y es inconstitucional, señala la Corte
Alejandro Reyes y Rubén Mosso/ México y Pachuca
El secretario ejecutivo de la Política Pública del gobierno del estado, Israel Félix Soto, consideró que el tema del amparo obtenido por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) para evitar la implementación de un órgano interno de control se debe revisar a fondo.
Ayer por la mañana, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las normas del Sistema Nacional Anticorrupción no pueden vulnerar la autonomía universitaria, tras otorgar un amparo a la UAEH. “No quiere decir con ello que no tengan que demostrar el destino o el uso de sus recursos, creo que hoy en la sociedad que vivimos, en el país que hoy vivimos y en la democracia que hoy estamos viviendo en México tenemos la responsabilidad de dar a conocer el destino, el uso y la acción que corresponde a la utilización a cada uno de los recursos”, sostuvo.
Apuntó que si bien es cierto que la Autónoma del Estado ha dado una muestra de poder ir creciendo a pasos “agigantados” en los últimos años, también es una universidad pública que Ciudad del Conocimiento de la Universidad del Estado, sede mayor de la casa de estudios. le debe de rendir cuentas a los hidalguenses. “El que la universidad se hagan cuentas ellos mismos creo que no es por así decirlo que esté muy correcto, creo que sí es importante que pudiera observarse de manera externa que la universidad pudiera dar cuentas claras a los hidalguenses”, aseveró.
Félix Soto puntualizó que no se trata de la universidad de alguien sino la universidad de Hidalgo, “y creo que los hidalguenses tenemos el derecho a saber para qué se ocupan, de dónde salen y hacia dónde salen esos recursos, quién participa en todas aquellas licitaciones que hace la universidad”.
Subrayó que la UAEH no tiene un dueño, “no tiene por qué tenerlo, creo que debe de ser auditada, esperemos que en esta cuarta transformación que está ofreciendo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para México, para Hidalgo, para los hidalguenses tomen mucho en cuenta que estas acciones no nada más en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo sino las universidades autónomas y públicas de todo el país se debe tener ese hegemonía de dar a conocer para qué son utilizados todos aquellos recursos en los que la sociedad tiene derecho a saber”. La UAEH impugnó la decisión del Congreso de Hidalgo de reformar la Ley Orgánica, con la intención de imponer al titular en el órgano interno de control de la máxima casa de estudios del estado.
En sesión del Alto Tribunal en la Ciudad de México, se indicó que el equilibrio, se acuerdo a la tesis del ministro Alberto Pérez Dayán, no se logra con la creación de un órgano al que se le faculta a revisar todas las actividades de la universidad, como lo contemplan las normas impugnadas, ya que rebasan los fines del Sistema Nacional Anticorrupción y vulneran el principio de autonomía universitaria y, por tanto, son inconstitucionales.
En su proyecto de sentencia, el ministro señaló que es verdad que algunos trabajadores de las universidades, por sus funciones y atendiendo al cargo que ejercen, pueden equipararse, e incluso ser funcionarios públicos en términos del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
Los ministros coincidieron en que la autonomía universitaria les permite establecer su autogobierno para desarrollar las bases a fin de cumplir con sus objetivos, determinar sus planes y programas de estudio, así como fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio.
Lo anterior significa que la universidad pueda llevar a cabo un ejercicio arbitrario y desmedido de sus funciones puesto que su conducta habrá de estar sujeta al Estado de Derecho y a los mandatos de la Ley Fundamental.