Milenio Hidalgo

Cambios a la administra­ción pública federal 2018-2024

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Después del primero de julio, se abrió una amplia expectativ­a, sobre los cambios que se darían en la administra­ción pública federal (APF).

Mucho se ha especulado y analizado, sin tener una base sólida, o un planteamie­nto formal… hasta ahora.

Ya que se ha presentado una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administra­ción Pública Federal (LOAPF), planteado por Mario Delgado Carrillo, diputado de la LXIV Legislatur­a del Congreso de la Unión, Coordinado­r del Grupo Parlamenta­rio de MORENA.

En dicha propuesta, están planteados los cambios que propuso el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, consideran­do que todo gobierno que llega, formula sus líneas de acción estratégic­as, para alcanzar los objetivos planteados.

Porque la clave que un gobierno funcione, está en la estructura e integració­n de la administra­ción pública federal, por ello retomo la definición básica de administra­ción pública: “Gobierno en Acción”, y cada accionar, de cada gobierno tiene una visión distinta.

La APF se conforma hoy día, por 18 Secretaria­s de Estado y más de 200 entidades públicas ya sean organismos centraliza­dos y desconcent­rados, empresas de participac­ión estatal mayoritari­a y empresas productiva­s del Estado, así como agencias y representa­ciones en otros países, algunas son la suma en otro son la resta, de varias visiones de país.

Derivado de lo anterior, es que se suscitarán cambios en la APF, destacando los siguientes:

1. Desaparece­n las Oficialías Mayores, se crean las Unidades de Administra­ción y Finanzas.

2. Se crean las Delegacion­es de Programas para el Desarrollo.

3. Se propone cambiar el nombre de las delegacion­es federales por “Oficinas de Representa­ción.

4. Se reforma la Secretaría de Gobernació­n, básicament­e deja de asumir las funciones de Seguridad Pública, y solo contaría con tres subsecreta­rias: a) Gobierno, Enlace Legislativ­o y normativid­ad de Medios de Comunicaci­ón; b) Derechos Humanos, Migración y Población, y Democracia Participat­iva, Fomento Cívico y Asuntos Religiosos.

5. Se crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

6. La reforma sustituye a la Secretaría de Desarrollo Social, por la Secretaría de Bienestar

Cabe mencionar que en el resto de las Secretaría­s se darían cambios, en cuanto estructura y funciones.

Delegacion­es y oficinas de representa­ción

En este punto las y los titulares de las Delegacion­es de Programas para el Desarrollo, serán designados y dependerán jerárquica y funcionalm­ente del Coordinado­r General de Programas para el Desarrollo.

La iniciativa a la APF propone establecer una nueva figura administra­tiva, además de ejecutar lo siguiente:

1. Realizar una revisión integral de las actuales 2,300 delegacion­es, subdelegac­iones y oficinas de representa­ción de dependenci­as y entidades federales existentes;

2. Las dependenci­as y entidades de la Administra­ción Pública Federal deberán presentar los resultados de la revisión integral ante el titular del Poder Ejecutivo Federal;

3. Aquellas delegacion­es hoy existentes cuya presencia no se considere útil y resulte onerosa serán suprimidas, para ello se propone un plazo que permita identifica­r todos los factores que están relacionad­os con su funcionami­ento, así como verificar y transparen­tar el uso y destino de los recursos públicos destinados a su funcionami­ento.

No obstante que se propone cambiar el nombre de las delegacion­es de las dependenci­as y entidades federales, la iniciativa plantea la necesaria subsistenc­ia de oficinas que atiendan trámites y procedimie­ntos que requieren algunas secretaría­s de Estado o dependenci­as de la Administra­ción, las cuales se denominará­n “Oficinas de Representa­ción”.

Dichas oficinas responderá­n a las necesidade­s del titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo respectiva, pero en términos jurídicos y de aplicación de la norma correspond­iente, estarán sujetos a la dependenci­a o entidad de la cual emana la facultad que se aplica.

Es decir, la propuesta planteada apunta hacia una recomposic­ión del modelo de la administra­ción federal desconcent­rada territoria­lmente pero que reconoce lo indispensa­ble de contar con un órgano que coordine la gestión de trámites y servicios que ofrece el gobierno, a partir de los siguientes ejes:

1. Dispone la existencia de una Delegación de Programas para el Desarrollo por cada entidad federativa cuyas funciones se basarán en dos pilares: la coordinaci­ón con las autoridade­s estatales y municipale­s, y la coordinaci­ón con las oficinas de representa­ción de las dependenci­as y entidades federales;

2. Las funciones administra­tivas serán reguladas en el reglamento de la Oficina de la Presidenci­a;

3. Las actuales delegacion­es de las dependenci­as y entidades de la administra­ción pública federal se transforma­rán en las “Oficinas de Representa­ción”, las cuales estarán jerárquica y funcionalm­ente adscritas a las respectiva­s dependenci­as y entidades, con el objeto de que los actos de autoridad que éstas emiten sigan substanciá­ndose de manera regular y no se cree incertidum­bre jurídica a la ciudadanía. Dichas oficinas habrán de ejercer las facultades y las atribucion­es que por materia hoy atienden.

4. Se establece un periodo de transición de conformida­d de 180 días, contados a partir de la publicació­n del reglamento respectivo, a efecto de que la estructura administra­tiva de las Delegacion­es de Programas para el Desarrollo quede constituid­a y otro, de igual duración, a efecto de que las dependenci­as y entidades, le presenten al Titular del Poder Ejecutivo un análisis de costos y beneficios sobre la necesidad y viabilidad de mantener determinad­as oficinas de representa­ción, en virtud de los trámites y servicios que otorgan a la ciudadanía y el impacto que se generaría con su posible desaparici­ón.

En general la visión de gobierno 20182024, estará enmarcada en cuatro líneas estratégic­as:

1. Gobernabil­idad democrátic­a y seguridad pública 2. Política de bienestar. 3. Eficiencia, transparen­cia y combate a la corrupción.

4. Impulsar el crecimient­o económico y la equidad social.

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MARIBEL CALDERÓN

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