Ex fiscal del caso Posadas, nuevo delegado de la PGR
La comisión nacional recomendó a Hidalgo investigar casos de procesados en tres centros de detención
La Procuraduría General de la República informó que Gerardo Vázquez Alatriste es desde ayer el delegado de la fiscalía nacional en Hidalgo. El funcionario es pionero en la implementación del modelo de justicia penal adversarial, obteniendo la primera sentencia condenatoria del país y fue el fiscal especial del caso “Posadas Ocampo”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 43/2018 al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo por la reclusión irregular de personas procesadas y sentenciadas penalmente en las cárceles municipales de Atotonilco el Grande, Tizayuca y Zacualtipán, las cuales únicamente están destinadas para albergar a personas sancionadas por infracciones administrativas y cuyo tiempo de estancia máxima debe ser de 36 horas, ya que su finalidad no es la reinserción social.
Tras una investigación y visitas a las tres cárceles municipales, la CNDH observó que al no cumplir la finalidad para la que fueron creadas se violentan los derechos a la seguridad jurídica y la legalidad de las personas privadas de la libertad a quienes las autoridades judiciales internan de manera irregular.
El 6 de julio de 2018 visitadores adjuntos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se presentaron en la Cárcel de Tizayuca, entrevistaron a su titular quién indicó que en ese momento contaban con 136 personas privadas de la libertad, todas por delitos del fuero común, de ellas 109 eran procesadas, nueve sentenciadas en primera instancia y 18 con sentencia ejecutoriada.
Los días 2 y 3 agosto de 2018 se realizaron recorridos a las cárceles de Atotonilco y de Zacualtipán, en la primera había 18 personas privadas de la libertad, todas por delitos del fuero común, ocho procesadas, tres sentenciadas en primera instancia y siete con sentencia ejecutoriada; mientras que en la segunda, había 36 personas internas, de ellos 25 eran procesadas, dos sentenciadas en primera instancia y nueve con sentencia ejecutoriada.
Tras ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, Blanca Sánchez Martínez, se prevea en un plazo de 90 días el traslado con pleno respeto de los derechos humanos de las personas internas en las Cárceles de Atotonilco, Tizayuca y Zacualtipán a los centros penitenciarios del estado de Hidalgo de conformidad con lo previsto en la Constitución Federal y en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Bajas calificaciones
Además, girar las instrucciones necesarias para que no se repita la utilización de cárceles municipales para albergar a personas procesadas y sentenciadas penalmente, evitando con ello nuevos hechos violatorios como los que dieron origen a la recomendación.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 (DNSP), la CNDH destacó las bajas calificaciones que obtuvieron esos centros, Atotonilco el Grande, 3.37; Tizayuca, 2.59, y Zacualtipán, 2.55, en una escala de 1 a 10.
De las visitas realizadas a las Cárceles de Atotonilco, de Tizayuca y de Zacualtipán se constató que los tres centros son administrados y operados por autoridades municipales se encontraban internas personas procesadas y sentenciadas, a quienes las autoridades judiciales decretaron que quedaban en esos establecimientos a su disposición.