Hidalgo debe mejorar sistema de impartición de justicia
Comparecencia. Reconoce el procurador que el estado ocupa los últimos lugares a nivel nacional en la evaluación y funcionamiento del modelo con el que se opera y promete mejorarlo
El procurador de Justicia de Hidalgo, Raúl Arroyo, reveló que el estado ocupa el lugar número 31 a nivel nacional en la evaluación del Sistema de Justicia Penal tras reconocer que se tiene un problema en el funcionamiento.
En su comparecencia ante diputados locales, el fiscal indicó que se tienen que superar las cifras y hacer mucho mejor los procedimientos, “de tal forma que el nivel de calificación del sistema funcione como todos deseamos, no solo nos tiene como una preocupación, nos tiene ya con acciones muy concretas”.
Mencionó que estas acciones tienen que ver con una vinculación estrecha, permanente con el Poder Judicial para estudiar las leyes, los criterios de los juzgadores y las buenas prácticas, “de tal forma que a la velocidad posible remontemos esta condición que sí es una alerta para que esto funcione mejor”. Arroyo González subrayó que se tiene un reto que se tiene que resolver bien y pronto.
Afirmó que la recién creada Fiscalía de Investigación de Personas Desaparecidas carece de cifra oficial de desaparecidos y sin edificio en dónde operar.
A un poco más de un mes de creada la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, el procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, Raúl Arroyo González, reconoció que no se cuenta con una cifra oficial de personas desaparecidas en el estado y que aún no se tiene un espacio físico para la operación de la Fiscalía.
“Ese es uno de los principales e iniciales trabajos que estamos haciendo, tenemos que tener información fidedigna, porque tenemos hasta hoy muchas fuentes de información, organizaciones civiles dicen que son unas, nosotros tenemos otros datos, hay organizaciones nacionales que refieren otros”, sostuvo.
Puntualizó que se tiene que construir un censo de personas desaparecidas, “que además nos permita tener la nómina de los y de las desaparecidas y a partir de ahí empezar a trabajar, porque de otra manera corremos el riesgo de ir sobre datos que hoy tenemos, que son dispersos, que no han tenido una metodología para hacer acumulados y esa información finalmente no nos sirve”.
Mencionó que se hará saber una cifra oficial de personas desaparecidas pero con sustento.
Subrayó que la Fiscalía cuenta con un titular, tres agentes del Ministerio Público A, con tres agentes del Ministerio Público B, con seis policías investigadores, con seis peritos en criminalística, odontología, psicología, medicina forense y trabajo social.
“Esperamos que a la brevedad esté funcionando; para que esta Fiscalía físicamente funcione debe reunir también determinadas características, los espacios en razón de quienes serán sus usuarios, deben tener determinadas condiciones que sean amables para las personas que van por un problema que les afecta”, agregó.
Sin embargo, mencionó que la Fiscalía orgánica y materialmente está ya funcionando y confió que pronto lo haga en un lugar determinado antes de que concluya este año.
Asimismo, en su comparecencia de ayer ante la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, el fiscal reveló que el estado de Hidalgo ocupa el lugar número 31 a nivel nacional en la evaluación del Sistema de Justicia Penal
Reconoció que se tiene un problema en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal.
Indicó que el Sistema está funcionando, sin embargo apuntó que se tienen que superar las cifras y hacer mucho mejor los procedimientos, “de tal forma que el nivel de calificación del sistema funcione como todos deseamos, no solo nos tiene como una preocupación, nos tiene ya con acciones muy concretas”.
Mencionó que estas acciones tienen que ver con una vinculación estrecha, permanente con el Poder Judicial para estudiar las leyes, los criterios de los juzgadores y las buenas prácticas, “de tal forma que a la velocidad posible remontemos esta condición que sí es una alerta para que esto funcione mejor”.
Arroyo González subrayó que se tiene un reto que se tiene que resolver bien y pronto.
Por otra parte, dio a conocer que se está planteando la posibilidad de la creación de un cementerio forense para que el Servicio Médico Forense (Semefo) no se vea rebasado.
Mencionó que actualmente en el Servicio Médico Forense se tienen un poco más de 60 cuerpos.
“Son todavía manejables, aun-
“El nivel de calificación del sistema nos tiene ya con acciones muy concretas” Raúl Arroyo Procurador de Hidalgo “Los espacios que tenemos ya están superados pero todavía son manejables” Trabajo del Semefo Procurador de Hidalgo 60 cuerpos. Los que están en las instalaciones del Servicio Forense
que los espacios que tenemos ya están superados pero todavía son manejables en términos de higiene y de dignidad para los cadáveres y lo más importante la posibilidad de que puedan ser identificados; si seguimos así sí corremos el riesgo de vernos rebasados y no queremos que nos pase”, aseveró.
Agregó que por ello se plantea la posibilidad del cementerio forense, sin embargo apuntó que aún no se tiene ni sitio ni fecha para su apertura.
“Es lo que se aconseja en casos como este, tener un cementerio forense en donde además exista permanentemente la posibilidad de que el cadáver sea reconocido independientemente del lapso breve de tiempo”, sostuvo.
Reconoció que este tema no es algo que pueda hacer sola la Procuraduría, “para esto también hay una serie de protocolos que se tienen que cubrir para que haya las licencias, las condiciones, los terrenos idóneos, la administración del panteón”.
El fiscal comentó que algunos de los cuerpos del Semefo están identificados y otros no, “la gran mayoría no están todavía identificados, hay cuerpos de varones y mujeres”.
En cuanto al tema del secuestro, Raúl Arroyo apuntó que este delito va a la baja en Hidalgo.
En lo que va del año, de acuerdo con la Fiscalía, han presentado en Hidalgo 15 casos de secuestro, de los cuales se han resuelto 10.
Los casos de secuestro se han presentado principalmente en los municipios de Tulancingo, Tula y Tizayuca.