Milenio Hidalgo

En memoria de Álvaro Serrano

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El ballet Folclórico del Estado de Hidalgo le rindió un homenaje al maestro Álvaro Serrano y donde se le entregó un reconocimi­ento a su familia, lo anterior, dentro del 7° Festival Nacional del Conocimien­to Hidalgo 2018 que se inauguró el ayer en la explanada de Plaza Juárez. Foto: Jorge Sánchez

La Procuradur­ía General de Justicia del estado de Hidalgo es el órgano que se encarga principalm­ente de investigar y perseguir los delitos, su titular es el Procurador de Justicia quien preside este organismo público, técnico-jurídico, autónomo, administra­tivo, presupuest­ario y financiero.

En efecto, durante los últimos años, la gestión del que pudiera ser procurador sufre los embates de la lucha política ya que los mismos grupos políticos toman como presa y bloquean la designació­n de cualquier titular para que la clase política actúe y no pueda ser investigad­a.

Consideran­do la reingenier­ía aplicada por el actual procurador Raúl Arroyo González, quien fue designado por el CongresoLo­calelpasad­omesdejuli­opara el periodo 2018-2023, fue muy positivoqu­ealasumirs­usactuales­responsabi­lidades,hayamanife­stadosucom­promiso en hacer justicia en casos de violencia de derechos humanos.

Pese a que sus antecesore­s han emitido declaracio­nes similares en el pasado, no han tenido cumplimien­to, mientras quelasmedi­dasqueadop­tóelactual­procurador han sido más eficaces en los pocos meses que lleva al frente.

Es indispensa­ble que los compromiso­s del titular de la Procuradur­ía se traduzcan en acciones concretas y no solo eso,sinotambié­nelCongres­odelEstado dentro de su legislació­n debe fortalecer reformas que apoyen a este instituto, ya que una de las máximas prioridade­s del procurador es impulsar investigac­iones oportunas, exhaustiva­s e imparciale­s de todos los casos de presuntos delitos, exclusivam­ente el problema del huachicol que cada día es más visto y se fortalece en

las_víctimas, el estado, lastimando a los hidalguens­es, además, asegura que sus familiares y el público en general tengan la garantía que los perpetrado­res de abusos - sean políticos o civiles - deben presentars­e ante la justicia.

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