Desechó el Poder Judicial 83 pruebas ilegales de PGR
“Verdad histórica”. Buena parte de la investigación de la PGR para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa quedó en entredicho por diversas violaciones a los derechos humanos
83 declaraciones en las que la PGR basa parte de la investigación para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desechadas por haber indicios de que las autoridades incurrieron en violaciones, pues obtuvieron de manera ilícita testimonios y detenciones.
El Poder Judicial desechó 83 declaraciones de la causa penal 66/2015-II (Caso Iguala) en las que la PGR basa buena parte de la investigación para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esto pone en entredicho la narrativa de su “verdad histórica”, que ha sostenido desde enero de 2015.
En la obtención de 27 declaraciones de imputados, que son relevantes en el caso, se documentaron actos de “tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes”, según la resolución emitida el pasado 25 de octubre por la juez primera de distrito de procesos penales federales en Ma- tamoros, Tamaulipas, Martha Georgina Comte Villalobos.
En 74 casos se desecharon los testimonios de los acusados, porque fueron objeto de “detenciones ilegales” y en 13 hubo “detenciones prolongadas” fuera de la ley. En seis casos se presentaron lostrescomportamientosilegales.
Ante estas irregularidades, la juez Comte Villalobos también decidió desechar los testimonios inculpatorios de tres de los imputados claves: Agustín García Reyes, El Cheje o El Chereje; Jonathan Osorio Cortés, El Jona; y Patricio Reyes Landa, El Pato.
Ellos sustentaban la narrativa del asesinato de los estudiantes, la quema de sus cuerpos en el basurero de Cocula y el abandono de sus restos calcinados en el río San Juan de Guerrero.
Ayer MILENIO dio a conocer que desde el 26 de octubre esos tres personajes salieron libres “por falta de elementos”.
Las 83 declaraciones fueron omitidas por haber indicios de que elementos policiales de Guerrero, así como efectivos de la PGR, la Policía Federal, la Defensa y de la Marina, “entre otros”, incurrieron en violaciones a derechos humanos y obtuvieron de manera ilícita declaraciones, la mayoría inculpatorias.
En la resolución de 462 páginas, de la que MILENIO tiene copia, el juzgado primero de distrito de procesos penales documenta lesiones en 14 personas:
“La mayoría de los declarantes cuyos derechos fundamentales se transgredieron, al ser examinados terminaron aceptando los hechos que se les atribuyen, y quienes no lo hicieron, formularon imputaciones contra diversas personas, por lo que no resulta explicable que prácticamente todos ellos, a pesar de tener derecho a no declarar o no autoincriminarse, terminaron haciéndolo y aceptando los hechos que se les imputaron”, se lee en la resolución de la juez.
Las ilegalidades
“Muchos de los declarantes fueron presentados con demora ante el Ministerio Público y en algunos casos, una vez que estuvieron bajo custodia de la Seido, existen dictámenes médicos que constatan el deterioro de su integridad física”, describe la juez.
Por ejemplo, en el caso de El Chereje se presentó un certificado médico naval, acompañado de un oficio de la puesta a disposición del personaje, fechado del 27 de octubre de 2014, donde se encuentra en buen estado de salud, pero… menos de dos horas después, un médico perito dio fe de que el inculpado ya presentaba lesiones y señalaba que “se las ocasionó en su casa, porque ahí realiza trabajos pesados”.
La juez es enfática: “Resulta absurda la explicación que da el declarante sobre el origen de sus lesiones, pues de acuerdo con el certificado elaborado por el médico naval, dicha persona no presentaba lesiones al momento de su localización”.
También hubo excusas en las lesiones que presentaron El Jona y El Pato. El MP argumentó que al momento de la detención intentaron correr pero, como estaban “tomados”, se cayeron al suelo. “Nos percatamos que derivado de dicha caída las dos personas que intentaron correr, sufrieron varios golpes, quedando certificados por un médico naval”.
Y después de las lesiones, venían las declaraciones inculpatorias: en la declaración se narra que Darío Morales, Jonathan Osorio y Patricio Reyes “manifestaron de manera espontánea pertenecer a la organización delictiva Guerreros Unidos y haber participado en la ejecución de los estudiantes de Ayotzinapa, a quienes quemaron al fondo de un basurero de Cocula y después recogieron sus restos, como son sus cenizas, mismas que fueron a tirar al río San Juan.”
Violación a una defensa
La única persona que no aceptó los hechos en su primera declaración fue El Pato. “Sin embargo, luego fue nuevamente sujeto a una nueva ampliación de declaración, diligencia que ni él ni su defensa solicitaron”, se plasma en la resolución de la juez. De acuerdo con la PGR, fue entonces que confesó haber recibido y ejecutado a estudiantes que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula la noche del 26 de septiembre de 2014.
En esa nueva declaración no estuvo presente el defensor: “La autoridad ministerial solo indicó que el abogado no había podido comparecer, pero no justificó que le hubiera notificado en torno a la realización de la diligencia, y tampoco se acreditó en autos la alegada imposibilidad de asistir por parte de su defensor”.
A decir de la juez, se violentó el derecho a una defensa adecuada y se “suscitaron aspectos sumamente inusuales, tales como confesiones espontáneas sobre hechos muy graves, que no encuentran explicaciones razonables. A pesar de que las detenciones ocurren por portación de armas o posesión de narcóticos, los indiciados espontáneamente deciden declarar sobre hechos distintos, como los es lo relativo a lo supuestamente ocurrido a los estudiantes hoy desaparecidos, o su pertenencia a una organización criminal”.
“Los indiciados espontáneamente deciden declarar sobre otros hechos”